La entrevista que destapó los «jubilazos» de Gendarmería
En junio de este año, cuando aún no estallaba el caso relativo a la emblemática pensión de $5 millones de pesos que recibía la periodista Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, el entonces mandamás de la institución penitenciaria, coronel Tulio Arce, habló en exclusiva para El Ciudadano respecto a diversas irregularidades que empañaban su gestión.
El oficial se refirió por primera vez a las pensiones y a la incautación de computadores de ex militares condenados en Punta Peuco, llevada a cabo por funcionarios del Departamento de Seguridad y Análisis Penitenciario (DIAP) en 2012. Como se publicó a inicios de 2016, un informe técnico dio cuenta en esa oportunidad que el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán había enviado diversos correos electrónicos a autoridades institucionales, entre ellas el propio Arce.
El mensaje del ex miembro del Comando Conjunto hablaba al coronel como un “amigo” y adjuntaba un Memorándum Secreto, dirigido al entonces presidente Sebastián Piñera, donde sugería colocar a oficiales de confianza en puestos clave de Gendarmería y asesorías a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Junto con admitir la autenticidad del documento del DIAP y señalar que tomó conocimiento del mismo cuando asumió como jefe máximo del servicio, Arce dijo no estar seguro del destino que tuvieron esos equipos.
“Desconozco (qué se hizo con los computadores), porque la verdad es que me han preguntando harto sobre estos discos duros y yo jamás siquiera vi los computadores… Yo volví de Antofagasta en el año 2014 y consulté sobre esos temas cuando empezaron a consultarme que había un correo”, manifestó.
Dejando explícitas sus dudas sobre “la veracidad de que se hayan enviados esos correos (de Corbalán)”, el entrevistado precisó que “si había un disco duro, tendría que haberse enviado al Ministerio Público” siguiendo los protocolos, agregando que “no es normal” que internos de Punta Peuco hayan accedido a internet usando computadores propios.
“Yo te puedo decir que desconozco haber recibido ese correo, por eso también me interesa aclararlo, porque uno como autoridad penitenciaria recibe miles de correos de muchas personas permanentemente, entonces no recuerdo haber recibido un correo específicamente”, enfatizó.
Posteriormente aludió a la repentina salida del subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Ortiz, y del subdirector operativo Freddy Larenas, negando que ello tuviera relación con las denuncias que existían sobre el excesivo monto de jubilación de algunos funcionarios, lo cual era analizado preliminarmente la Contraloría General de la República.
Dicha situación había sido advertida por el propio Larenas en una ordenanza que llamó a revisar tres casos de pensiones elevadas, como el monto asignado a Patricio Campos, asesor de la ministra Javiera Blanco y ex encargado de la cárcel de San Miguel durante el fatal incendio de 2010.
El Ciudadano conminó a Arce a fijar una posición acerca de los retiros de Marco Antonio Fuentes Mercado ($5.850.935) y Juan Jaime Letelier Araneda ($5.866.687), ex directores de Gendarmería.
“Estoy totalmente en desacuerdo y rechazo que haya habido pensiones abultadas… Desconozco de qué forma obtuvieron esas pensiones… Yo no estoy de acuerdo con que se reciban mejores o peores asignaciones dentro de la institución”, afirmó.
Tiempo después, con Tulio Arce fuera de la institución, el abogado Roberto Ávila calificó el escándalo como una «maquinación para defraudar al Fisco», y presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para aclarar el abultamiento de pensiones, adjuntando un listado de beneficiarios que El Ciudadano publicó antes de la revelación sobre Olate.
“Pensamos que es bueno que se aclare, incluso por el honor de estas personas que aparecen en la prensa y que mientras no haya resolución judicial, aparecen como culpables”, precisó.
Luego agregó: “El Estado de Chile ha reconocido incluso con informes emanados de la propia Corte Suprema que las personas que se encuentran privadas de libertad en este país viven en situación de hacinamiento, con raciones de comida de hambre y vulneración de sus derechos, todo esto por falta de recursos económicos. Ahora sabemos dónde van parte de los recursos que faltaban”.
Actualmente, el caso es indagado tanto en la instancia legislativa como penal.
