Gobierno congela acuerdo ANI-Sename y defensora insiste en denunciar acto «ilegal»
El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, aseguró ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que el gobierno «dejó sin efecto» el convenio que permitía a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) acceder a datos de niños, niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores (Sename), a fin de trabajar en un nuevo «protocolo».
El caso había llegado a la justicia luego de la interponerse un recurso de protección por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien luego presentó una reposición para que el caso fuera discutido en la Corte Suprema.
Durante la instancia, tanto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, como su par de Justicia defendieron la suscripción del documento, apuntando a que la ANI tendría facultades amplias para obligar a los servicios públicos a entregar cualquier tipo de información.
Esto fue duramente criticado por Muñoz, quien señaló que, en base al ordenamiento jurídico vigente, la entrega de datos personales se regula por leyes específicas. «La ley de la ANI en ningún artículo le mandata la posibilidad de obtener datos personales. En ningún artículo. Los artículos que han citado los subecretarios hablan de la obtención de antecedentes e informes específicos asociados a una petición determinada», expresó.
Según la abogada, llamaba la atención que el Estado apoyase este tipo de políticas, considerando que el Comité Internacional de los Derechos del Niño indicó en un informe de 2018 «que Chile ha violado grave y sistemáticamente, por más de 40 años, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes» que tiene bajo su cuidado.
Además argumentó que el director del Sename solo puede «convenir con organismos que colaboren con la función de su servicio» y «la ANI no colabora con la función del Servicio Nacional de Menores, la ANI lo que pretende es entregar el presidente información de inteligencia en relación a posibles ataques y atentados contra la soberanía nacional, el terrorismo, el narcotráfico y otras situaciones de criminalidad organizada».
El diputado René Saffirio, integrante de la comisión, pidió que el Ministerio de Justicia remita a la brevedad el acto administrativo que suspende los efectos del convenio. Asimismo, cuestionó que el presidente quiera acceder a los antecedentes de menores a través de la ANI y recordó que el intento de ello surgió en febrero, «en el contexto de un conflicto social grave… en pleno estallido».
Respecto a la decisión comunicada por el subsecretario Valenzuela, Saffirio comentó que «ojalá el actual gobierno hubiera actuado con la misma diligencia cuando recibió el informe de la PDI encargado por el Ministerio Público (sobre vulneraciones en el Sename), respecto del cual todavía no se hace ninguna investigación».
«No hay ningún avance desde que el fiscal Marcos Emilfork dejó el Ministerio Público», subrayó.
