Fiscal Ayala en problemas: Lo acusan de filtrar información para favorecer a Peñailillo y SQM
El fiscal nacional Sabas Chahuán ordenó un sumario interno para determinar si el persecutor Alberto Ayala filtró información al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en el marco de las pesquisas que vinculan a éste con delitos tributarios investigados en el caso SQM.
Lo que encendió las alarmas fue la declaración del ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, quien habría confirmado ante la Fiscalía que horas después de que el organismo presentara una querella contra la minera de Julio Ponce Lerou, el ex ministro Peñailillo consiguió rápidamente una copia de la misma porque “un fiscal” se la filtró.
Recordemos que Peñailillo ha sido apuntado en la carpeta investigativa como el supuesto artífice intelectual de la fórmula de recaudación de fondos que permitió al empresario Jorge Rosenblut y al geógrafo Giorgio Martelli obtener pagos de SQM Salar por servicios no prestados. Esto con el objeto de financiar, presuntamente, la precampaña de Michelle Bachelet.
En junio, el fiscal Alberto Ayala reconoció a la Fiscalía Nacional sus “lazos de amistad con ejecutivos y abogados” de SQM, los que señaló haber “forjado durante el tiempo que prestó servicios a dicha empresa”.
Fue por esos nexos que a principios de año Ayala se inhabilitó de tomar participación en la arista SQM del caso Penta, cuando recién se conocían datos que implicaban a la explotadora de litio en el financiamiento irregular de campañas políticas a la luz de boletas falsas emitidas por el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner.
Más tarde, Ayala fue cuestionado por sacar de la investigación de la arista Corpesca – una empresa del Grupo Angelini – al fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo, algo que fue rápidamente revertido por el fiscal nacional Sabas Chahuán.
Actualmente, Ayala postula al cargo de fiscal regional de Antofagasta, donde se emplaza el Salar de Atacama. Dichas dependencias son explotadas por SQM bajo duras objeciones de Corfo y denuncias de incumplimiento de contratos con el Estado y exportación ilegal de minerales.
