Caso Matute: Los secretos del Edecán de Bachelet

Documentos obtenidos por El Ciudadano demuestran que traficante mencionado en el proceso por la muerte de Jorge Matute Johns tenía línea directa con escolta presidencial de Ricardo Lagos. En sigilo, la ministra Carola Rivas interroga a ex funcionarios de Carabineros que denuncian la existencia de una red narco que involucra en posible calidad de encubridor al ahora edecán de Michelle Bachelet.

Una desagradable sorpresa se llevó el ingeniero Eduardo Sepúlveda Pedreros cuando observó que dos vehículos se dirigían raudamente a golpear su parachoques trasero por el espejo retrovisor. En el lluvioso Concepción, esa medianoche de junio del año 2000, no podía elegir otro rumbo que no fuera el sector de Lomas de San Andrés. Sobresaltado pensó seguramente en sus hijos, los que mantenía allí ocultos fuera de todo peligro. Acechado, sin embargo, por el temor de que pudieran seguirlo, pescó el teléfono y llamó rápidamente al teniente de OS7 de Carabineros, Jaime Guzmán Pons.

Una patrulla recibió la orden de interrumpir sus diligencias en Coronel para constituirse en escena lo más pronto posible. Al llegar estaba Sepúlveda, quieto en su refugio, y a no más de 50 metros el par de vehículos sospechosos. “¡OS7!”, gritó el funcionario a cargo del procedimiento. Lo que atinó a responder uno de los ocupantes fiscalizados era que tenía un familiar que trabajaba en la Dirección de Inteligencia de Carabineros.

Hace pocos días, en compañía del uniformado que atendió el llamado del ingeniero hostigado, el jefe de la sección antidrogas penquista, Rodrigo Uribe Ibáñez, había entrevistado a una testigo de nombre Susana Ramírez, cónyuge de Eduardo, la cual había convivido en secreto con un traficante al que apodaban “Mañungo”.

Éste, de nombre Manuel Hernández Delgado, conocido comerciante y dueño de prostíbulos de Coronel, había incentivado la adicción de Susana por la cristalina cocaína, trayéndola consigo en sus viajes a Coquimbo y Santiago, tanto para coordinar la compra de drogas a un ciudadano peruano como para efectuar entregas a clientes de selecta reputación.

En palabras de la mujer convertida en informante, ese personaje de bigotes, famoso por la distractora baliza que montaba en un Subaru Legacy adquirido directamente a la Colonia Dignidad y enchapado con una placa metálica que decía “República de Chile”, poseía antecedentes claros sobre los captores del universitario Jorge Matute Johns, el protagonista del enigma policial que tenía crispado a todo un país.

Pero había otra cosa que a esa fecha concentraba la atención de la prensa mientras la jueza Flora Sepúlveda se aprestaba a investigar la arista “Mañungo” en el caso de presunta desgracia que tenía sobre los hombros: la detención de un hombre que había sido imposible de tocar en Carabineros, incluso cuando funcionarios de la misma institución denunciaron al ahora edecán de la presidenta Michelle Bachelet por integrar junto a él una potente red de narcotráfico protegida por policías.

LA COFRADÍA

“¿Podemos conversar el asunto de las fotografías? Yo también estoy trabajando en otro caso que usted sabe”, soltó el capitán y psicólogo Claudio Carrera cuando llegó hasta el penal El Manzano y se presentó ante “Mañungo” en julio del 2000.

El otro caso al que se refería el policía era el misterioso desvanecimiento de Jorge Matute, ocurrido hacía pocos meses en la discoteca del cirujano Bruno Betanzo, local que, la noche del 19 al 20 de noviembre de 1999, había sido visitado circunstancialmente por Coke, su amigo Gerardo Roa y las hermanas Maldonado, sin que el primero del grupo volviera jamás a los brazos de su madre.

Pese a que la antigua acompañante de Hernández, Susana, había dicho a la PDI que el traficante sabía lo ocurrido con Matute, la mujer declinó seguir colaborando con Investigaciones, aludiendo a supuestos maltratos verbales del comisario de la Brigada de Homicidios de Santiago, Héctor Arenas, quien llegó a investigar el caso a un mes de la desaparición. Lo que originalmente declararía en tribunales versaba sobre el caso Matute y “lo que menos se me preguntó fue sobre ese caso”, comentó la ex amante de “Mañungo” a sus verdes custodios.

Tanto las observaciones de Susana como la conversación de Carrera con el narco del Subaru, ocurrida 26 días después de la detención de éste último en un operativo que dio inicio al denominado caso del “cartel de Coronel”, constan en una carpeta de más de 600 páginas de procedimientos del OS7 a las que accedió El Ciudadano.

Así las cosas, en ese interrogatorio de julio, un cúmulo de imágenes incautadas en un restorán de Playa Blanca administrado por la hermana de “Mañungo” era la carta que Carrera tenía bajo la manga. A las pistas de baile de “La Casona de Mirla” solían concurrir decenas de carabineros en servicio activo, entre los que resaltaba el nombre de un funcionario que desde 1994 a 1997 había estado a cargo del organismo institucional llamado a combatir el tráfico de estupefacientes en la Región del Biobío.

“Tenemos al teniente Rojas. Él admitió en Santiago que lo conocía. ¿Usted lo ubicaba?”, le preguntó el capitán. Obtuvo como respuesta un silencio y tres “no” consecutivos.

El inquisidor consultaba así por la persona de Rafael Rojas Agurto, oficial que ingresó a la policía uniformada en enero de 1985 y al que se le concedió un traslado oneroso desde Concepción a La Moneda, pasando a integrar el Grupo de Escolta Presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1998. Tres años antes de velar por la seguridad personal de Frei, Rojas había sido señalado por una testigo de OS7 – que no es Susana – como alguien cercano al traficante mencionado en el caso Matute.

Rojas no podía ocultar su interés en la desaparición del joven de Villa Spring Hill. Fue por eso que, debido a que en el caso comenzaba a vislumbrarse la posible participación delictual de agentes con placa, se jactó de ser amigo del entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, para demostrar el poder que a su juicio ostentaba frente a ciertos conocidos de la Octava Región. No obstante, sólo pudo ponerse el cordón dorado cuando Bachelet regresó al palacio de gobierno: en 2014 fue nombrado edecán junto a tres oficiales respectivos de las Fuerzas Armadas, cargo desde el cual comparte diariamente con la jefa de Estado, coordinando su agenda protocolar y asistiendo casi a la totalidad de sus actividades.

En la causa rol 21.600 del ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano o “caso Mañungo”, llevado adelante por el difunto juez Eduardo Carrasco del Pozo, y cuya copia fue solicitada de manera verbal por la ministra Carola Rivas para analizarla en su investigación por el homicidio de Jorge Matute, Rafael Rojas aparece señalado en más de una ocasión.

Este medio accedió en exclusiva a una declaración judicial prestada por una testigo de nombre Nancy, hermana de una menor de edad que mantuvo una relación sentimental con “Mañungo”, en el proceso del llamado cartel. En ella relata una denuncia presentada en 1995 contra el traficante, la cual derivó en una pesquisa encargada al cabo 1º José Gutiérrez del Departamento de OS7 local.

“A Gutiérrez (el cabo) lo declararon loco con tratamiento psiquiátrico y después lo mandaron a Arauco, por la razón de que yo nombré entre las amistades de Manuel a oficiales de Carabineros, tales como Rafael Rojas”, sostiene la informante en un testimonio juramentado de seis páginas.

Es el propio carabinero Gutiérrez quien más adelante confirma esta acusación ante el Poder Judicial, señalando que recibió una orden perentoria para borrar el nombre de Rojas en el caso porque “estaba en juego el prestigio de la institución”. El malogrado cabo agregó que, en privado, el entonces teniente Gustavo Pfeiffer, el que en esa época era capitán Jorge Caamaño, y el asesor jurídico Jaime Portales – quien continúa prestando servicios a la policía – habían decidido entregarle un documento donde se le exigía informar a la superioridad sobre los motivos que había tenido para “acusar a determinado grupo de carabineros de traficantes”.

En junio del 2002, poco tiempo después de que muchos de los policías que él investigó salieran nuevamente expuestos a la palestra por sus eventuales vínculos con el contrabando de drogas, el cabo Gutiérrez fue expulsado de la institución. Pasó desde la mejor a la peor calificación funcionaria sin aparente investigación de por medio, como informó Carabineros ante un requerimiento por la Ley de Transparencia que realizó este diario.

LA LISTA POLÍTICA

A diferencia del desfile organizado por el Colegio de Abogados la noche en que Matute se hizo humo al interior de La Cucaracha, no hubo estilista alguno que intentara amañar las vestiduras de aquellos uniformados que empezaron a llegar en procesión a la Prefectura de Talcahuano para contestar las graves acusaciones formuladas por Susana Ramírez.

En completo secreto se había instalado allí un equipo de la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) de Santiago para entrevistar a los carabineros que la informante había señalado como integrantes de la red de “Mañungo”. Uno de ellos, el cabo Marco Martínez Sánchez, apareció muerto al interior de una comisaría por “disparo suicida” el 3 de julio.

Un día después del fatídico desenlace de Martínez – carabinero que, según alega su familia, llegaba a casa comentando que resolvería el caso Matute a sólo dos meses de la desaparición – la ya mencionada Nancy de 1995 recibió un llamado del funcionario Carlos Quijada. Este personaje, quien tuvo al mayor Jorge Caamaño, jefe de la Dipolcar de Concepción de la época, como testigo de matrimonio, había contactado previamente a Nancy para instarla a ratificar lo mismo que había dado a conocer años atrás sobre Manuel Hernández y la supuesta organización delictual de policías.

“Se complicó mucho la cosa. Quedó la embarrada así que no me llames más”, le habría dicho el cabo Carlos Quijada a Nancy, de acuerdo a una declaración que ésta prestó en la investigación interna que se instruyó por el caso del cartel de Coronel, sumario que según Carabineros desapareció de sus archivos en 2014, motivando una queja del Consejo para la Transparencia y una consecuente investigación a pedido del general Claudio Veloso.

Caamaño, seguidor del Opus Dei, casado con una profesional de la medicina y quien destaca en sus cursos el de “Especialista en Operaciones de Inteligencia y de Análisis”, cambió desde el anonimato a la sospecha luego de ser sindicado como guardián del narco coronelino. Y no sólo eso: en más de una oportunidad se le manifestó al juez Eduardo Carrasco que el mayor Caamaño, quien se mantenía en contacto con el escolta presidencial Rafael Rojas, acusado en 1995 por vínculos con tráfico, realizaba supuestas entregas de droga a un prominente ministro de Estado.

Un video que está en manos de la jueza Carola Rivas muestra a la ex esposa del ingeniero Eduardo Sepúlveda entregando los nombres del fallecido diputado de Renovación Nacional y ex presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Haroldo Fossa, y del titular del Interior de esos años, José Miguel Insulza, como los políticos que presuntamente recibían gramos de polvillo blanco abastecidos por “Mañungo”.

“Susana decía que Caamaño era el nexo para entregar drogas a autoridades administrativas de la región (del Biobío) y Santiago”, declaró el teniente Jaime Guzmán Pons ante el comisario de la PDI, Héctor Arenas, en 2001. Siempre de acuerdo a ese testimonio, algunas transacciones se llevaban a cabo en el Hotel Hyatt de la capital y contaban con el beneplácito del director de Investigaciones, Nelson Mery, el mismo que años antes había generado polémica al figurar en una premiación junto al “Cabro Carrera” y que envió a Arenas a resolver el caso Matute cuando ni siquiera el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, prefecto Gabriel Brousset, estaba satisfecho con esa elección.

El “Mañungo”, explicaba Guzmán Pons en su declaración extrajudicial, era el único que estaba identificado: se sospechaba que en la escala jerárquica del narcotráfico había otro sujeto poderoso que lo movía.

La defensa de Caamaño no se dejó esperar: el mayor contrató a Juan Pablo Hermosilla, un abogado cercano a la Concertación, para alegar inocencia escudándose en que las imputaciones contra Insulza nunca fueron investigadas y que por tanto eran resultado de una “mente mitómana” que no tenía credibilidad. En paralelo se dedicó a perseguir a la prensa, colocando una demanda por injurias y calumnias en contra del diario “Crónica”, situación que fue enérgicamente rechazada por el Consejo Regional del Colegio de Periodistas, el que en un comunicado interpretó la acción como “un intento evidente de querer amedrentar”.

Sin embargo, fueron los propios camaradas de armas de Jorge Caamaño los que contribuyeron a su exculpación. El 6 de julio del 2000, a las 21 horas, cuando Susana Ramírez debía reconocerlo como el turbio “paco Caamaño” detrás de un vidrio especial para tal efecto, el comandante Luis Torres Muñoz hizo pasar inexplicablemente al jefe de inteligencia a la misma habitación donde se hallaba la informante. ¡Se sentó al lado de ella! Frente al intimidatorio careo, la mujer de piernas torneadas cambió su versión: “no lo conozco”. Dicha frase fue suficiente para que el personal que se encontraba en los pasillos de la unidad vitoreara la retractación con abrazos y sonrisas.

En el transcurso de esos días, Susana volvió a involucrar al timonel de la Dirección de Inteligencia local que llevaba más de 16 años enraizado en la zona. Argumentó que el reconocimiento previo no se había ajustado a los parámetros necesarios para cooperar y que tenía “dudas respecto del grado de transparencia y objetividad con que Carabineros estaba procediendo en su investigación, llegando incluso a sospechar que (Caamaño) era alguno de mucha relevancia institucional, porque había un despliegue inusitado para protegerlo”.

Así como sucedió con el actual guardia personal de la presidenta Bachelet, el mayor Caamaño fue rápidamente alejado del escándalo. Tuvo un rápido ascenso a la Plana Mayor de Inteligencia en Santiago, donde sirvió como ayudante del jefe nacional de dicha rama uniformada. El ex encargado regional de asuntos internos de Carabineros se acogió a retiro en completo silencio, justo cuando algunos colegas dudaban de su especial interés por intervenir en las pesquisas del caso Matute, al punto de interrumpir el allanamiento a un domicilio en donde presuntamente se hallaba cautivo el estudiante, y de solicitar un peritaje para desacreditar a un testigo que aseguraba haber visto a Coke siendo agredido por el empleado de La Cucaracha apodado “El Oso”.

Otros iban más allá: se preguntaban si eran ciertos los comentarios que circulaban internamente, en el sentido de que tanto el mayor Caamaño como su fiel amigo de andanzas, el abogado Jaime Portales, habían estado en el estacionamiento del boliche de Betanzo la noche en que se perdió el universitario de San Pedro de la Paz.

LAS FIESTAS DE MAÑUNGO

Un calculado desvío a Playa Blanca tomaron, el 8 de noviembre de 1999, los carabineros Milton Esparza, Luis Zúñiga, Fernando Patiño y Juan Carlos Pérez de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Santiago mientras viajaban a Temuco para asistir a un curso de capacitación. El sargento Pérez contactó a Mirla Hernández para avisarle que en poco más de una hora estarían comiendo en su casona.

“Luego de comer, nos quedamos conversando y al pasar un rato llegó el hermano de la señorita Mirla, de apodo ‘Mañungo’, el que luego de saludar al sargento Pérez nos saludó”, fue lo que contó años después en Talcahuano el suboficial Fernando Patiño, al prefecto que llevaba la investigación interna del cartel de Coronel.

Ese día, según consta en declaraciones sumariales, la parranda duró hasta las cinco de la mañana. “Apúrense, les quedan tres horas de viaje”, dijo el narco del carbón a Esparza y Pérez cuando subían a unos dormitorios en evidente estado de ebriedad. El Boris, hermanastro de Hernández, aprovechó la ocasión para sacar un par de fotografías. Pérez posó dubitativamente para el flash cuando lo ayudaban a ponerse los calcetines.

El “chico Pérez”, como llamaban cariñosamente al sargento de la unidad capitalina que prevenía el robo de vehículos, fue separado de la policía tras diagnosticársele una severa depresión en marzo del año 2000. Ocurrió meses antes de que “Mañungo” fuera atrapado por el OS7 y de que una stripper declarara que vio al carabinero inhalando cocaína en fiestas privadas a las que también habría concurrido un parlamentario.

Un ex funcionario de Carabineros que conversó con El Ciudadano afirma que tratar de explicar las razones de tan repentina descompensación psicológica del sargento Pérez se convirtió en comentario obligado al interior de la sección. “Yo lo llevé al psiquiátrico”, declara a este diario. “Varios de la Sección de Búsqueda de Vehículos que viajaban en comisión de servicio al sur, también iban a meterse al local de Bruno Betanzo a ‘pegar en la pera’. Cuando desapareció el Matute, todos andaban asustados”, añade.

El suboficial en retiro señala además que por oídas de un colega se enteró de la existencia de imágenes comprometedoras que podrían salir a la luz si Betanzo, el médico vuelto empresario, caía detenido y la arista del narcotráfico empezaba a ser estudiada en el complejo rompecabezas de Coke.

“Al parecer este verano (de 2000), no recuerdo fecha exacta, me llamaron por teléfono y me contrataron para ir a un cumpleaños”, declaró una mujer que trabajó con Susana Ramírez en fiestas de índole sexual. La testigo fue entrevistada por el comandante Luis Torres Muñoz para verificar la relación entre personal del SEBV y el caso “Mañungo”, en donde implicaban al sargento Pérez.

Todos ebrios y drogados, según relató la entrevistada, habían ido a Las Golondrinas, una parcela ubicada camino a Coronel, “un diputado, el ‘Mañungo’ y dos personas más, entre ellos un abogado”. Allí, la bailarina divisó a un hombre parecido al mayor Caamaño, aunque no se atrevió a corroborar la información.

Para indagar si existieron vínculos entre Betanzo y las fiestas de “Mañungo”, El Ciudadano conversó con Isabel Pedreros, la madre del ingeniero Eduardo Sepúlveda que protagoniza el inicio de esta historia. A su larga edad, atendiendo un vistoso recinto de hotelería en el camino a Santa Juana, Pedreros se lamenta de que la muerte de su hijo, ocurrida en Villarrica en noviembre del 2002, tampoco pueda ser investigada a fondo por la justicia.

De acuerdo a una tanatóloga del Servicio Médico Legal que fue cuestionada por negligencia en la mediática investigación del caso de Viviana Haeger, Eduardo Sepúlveda se quitó la vida con su propia pistola. “Los carabineros me decían que no se suicidó, que lo mataron. No me dejaron ver el cuerpo. Mis hijas me dijeron que tenía todas las piernas machucadas”, indica la madre.

Consultada por Bruno Betanzo, revela que éste “le hacía invitaciones especiales” a su ex nuera Susana para que concurriera a los locales nocturnos que administraba desde el tiempo en que tenía un bar llamado El Peyote. “¿Por qué había tanto interés? Porque ella tenía un negocio”, alega Pedreros, convencida de que eso muestra un nexo claro entre la droga y el caso Matute.

Isabel Pedreros judicializó este mismo antecedente en una causa análoga que se abrió en 2009 cuando el ahora secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, contrató al estudio jurídico de Jorge Bofill para limpiar su nombre a distancia. Lo hizo después de que el vocero de los ex procesados en el caso Matute leyera públicamente el extracto de una foja del proceso en que aparecía su nombre. El “Pánzer” logró ganar su querella por injurias, pero no así por el delito de calumnias o falsedades. Para salvaguardarse, Insulza ofreció de testigos al ex director de la PDI, Nelson Mery, y al ex director de Carabineros, Alberto Cienfuegos.

En esa misma ocasión, la familia del RN Haroldo Fossa – quien aparece a la par de Insulza en la lista de supuestos clientes del narcotráfico – negó tajantemente las acusaciones vertidas en el expediente judicial. Sin embargo, dentro de los archivos desclasificados por la Ley de Transparencia, y obtenidos por El Ciudadano, se encuentra la copia de una tarjeta de presentación incautada a “Mañungo” donde brota el nombre del ex empresario forestal de derecha. El vínculo fue ratificado por el mismo traficante en comparecencia ante el juez Carrasco.

“NO PODEMOS ATENDER SU CASO”

Cuando una polola le preguntó de dónde había sacado dinero para comprar su último vehículo, Cristian Montes se jactó de que “su jefe Bruno” le había obsequiado un paquete envuelto en papel café, dándole a entender que ahora estaba traficando drogas y ganando millonadas. La eventual importancia de esta anécdota, contenida en los primeros tomos del caso Matute, fue desestimada por el ministro Juan Rubilar cuando Montes, un guardia de La Cucaracha, señaló que lo exhibido a su pareja no era cocaína sino un pedazo de yeso con el que había hecho una broma.

Antecedentes como éste bosquejaban ya en las fojas primitivas del proceso de Matute una imagen sospechosa y agria del dueño de La Cucaracha, sitio que operaba sin patente ni fiscalización sanitaria. Pese a sus contradictorios movimientos la noche en que desapareció Matute, Bruno Betanzo nunca fue procesado por la justicia.

Mientras el equipo de la PDI a cargo de Héctor Arenas inculpaba a siete jóvenes por una supuesta golpiza propinada en el exterior de la discoteca, el mayor Andrés Ovalle seguía una hipótesis oficializada por el mando institucional a un mes del encierro de “Mañungo”, que situaba el hecho en el interior del local, solicitaba investigar a Betanzo y apuntaba a la posible participación de “funcionarios de Carabineros e Investigaciones” en el ocultamiento del cadáver.

Betanzo, un profesional que en 1999 estudiaba arquitectura, tampoco era un tipo que careciera de buenas conexiones con el mundo político. Era sobrino del senador radical por La Araucanía Norte, Ricardo Navarrete, quien luego asumió como subsecretario de la policía civil durante el primer gobierno de Bachelet. En 2014, aunque fue cuestionado por ocultar información al Congreso sobre las redes de consumo de drogas y trata de menores que implicaban a detectives en Valparaíso, la presidenta nombró al tío de Betanzo como embajador de Chile en Colombia.

En enero del 2002, con la esperanza de encontrar sangre en las ruinas de La Cucaracha, la bioquímica Shirley Villouta aplicó una sustancia de luminol sobre el cimiento. Tres muestras de ADN, listas para ser enviadas al FBI en Estados Unidos, llegaron al día siguiente a la oficina de la jueza Flora Sepúlveda. Ésta encargó la diligencia al mayor Andrés Ovalle, pero una directriz del general Juan Donati Pino, jefe de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros y a la postre subdirector de la institución, determinó que era mejor llevarlas al exterior por una vía distinta.

El agente del FBI destacado en Chile, Ramiro Escudero, protestó: quería supervisar la pericia y percatarse de que fuera filmada. La perito estadounidense Jacqueline Blake no grabó el examen y concluyó en su informe que la sangre no era suficiente para establecer si correspondía a Jorge Matute. Dos años más tarde, Blake se declaró culpable en una corte distrital en Washington por falsificar análisis de ADN en más de 100 procesos. ¿Influyó algún poder para boicotear una diligencia tan importante en el extranjero?

Fue a partir de ese momento, recuerda Ovalle, que empezó a tener problemas en Carabineros. No sólo él y Shirley Villouta fueron apartados de las filas policiales: de la noche a la mañana, el teniente Jaime Guzmán Pons, quien trabajó por años en el OS7 manteniéndose en Lista 1, fue alejado de la institución a través de un proceso secreto, acusado de filtrar detalles sobre la detención de “Mañungo” al periodista Carlos Basso. Como dejó establecido el propio juez Eduardo Carrasco en un documento rubricado al que accedió El Ciudadano, dicha facilidad para informar a la prensa tenía el aval del tribunal.

El oficial no tuvo derecho a conversar directamente de su situación con el general director Manuel Ugarte. Le explicaron que tenía la agenda copada. Fue así que, como último recurso para explicar la persecución de la que aseguraba ser objeto, Guzmán envió a Santiago una carpeta completa de antecedentes con las diligencias del “caso Mañungo” y una reseña de los carabineros envueltos en él. Mandó cartas al Consejo de Defensa del Estado pero su perseverancia no bastó para ser escuchado.

En el dossier iban copias de numerosas tarjetas de presentación de oficiales de Carabineros incautadas a “Mañungo”. Entre ellas resaltaba nuevamente el ahora edecán de Bachelet, coronel Rafael Rojas, quien a esa fecha ejercía como escolta del recién electo presidente Ricardo Lagos. Estampado junto al suyo estaban los nombres de Iván Bezmalinovic, oficial que llegó a grado de general y que se acogió a retiro en 2014, y el de Marcelo Aburto, ex jefe del Laboratorio de Criminalística de Concepción, y uno de los primeros en llegar al lugar en donde supuestamente se suicidó el cabo Marco Martínez.

El nombre de Rafael Rojas vuelve a repetirse en una libreta requisada al comerciante de Coronel, Aldo Concha, en cuyo bolso el OS7 halló trazas de cocaína. Curiosamente el sujeto, sindicado como una persona que transportaba drogas para Manuel Hernández Delgado, tenía registrado el teléfono fijo (2) 690 4669 que hasta hoy conecta con la guardia del Palacio de La Moneda. Este hecho, en opinión de ex investigadores del caso, podría explicar el nivel de contactos que posiblemente sirvieron al traficante para mantener sus actividades en la impunidad.

¿Actuó una asociación ilícita para proteger a los involucrados en el crimen de Coke y encubrir delitos conexos de narcotráfico en altas esferas políticas? ¿Se desvió la investigación y sabotearon diligencias para no llegar a la verdad? ¿Fue informada La Moneda sobre los vínculos de un escolta presidencial con un traficante de drogas? Todas estas son preguntas que deberá responder la ministra Carola Rivas en un caso que, de comprobarse la intervención dolosa de agentes del Estado y la figura de un secuestro, podría marcar un hito en democracia y caminar hacia la imprescriptibilidad de las responsabilidades penales.

NOTA DE CIERRE: El Ciudadano llamó a La Moneda para consultar si la presidenta Michelle Bachelet estaba en conocimiento de que alguno de sus edecanes hubiere sido investigado por tráfico de drogas. El Departamento de Comunicaciones de la Presidencia contestó que la mandataria no contaba con ningún antecedente al respecto, y que cada institución armada está encargada de hacer una revisión previa a la proposición de los edecanes. Luego de recibir y aceptar la propuesta en cuestión, precisó la fuente, la Presidencia de la República no contempla en sus protocolos el efectuar averiguaciones adicionales.

*Este reportaje fue publicado en la Edición Nº 162 del diario El Ciudadano.

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