MOP reconoce que en Petorca se roban el agua: Amnistía Internacional exige proteger a activistas
De visita en Petorca, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, admitió que «nadie ha querido tomar el toro por las astas» en relación a las denuncias de la comunidad que por años han advertido la existencia de usurpación de aguas en la zona.
«Hemos observado con nuestras mediciones que los acuíferos de toda la provincia han disminuido en forma progresiva y de manera bastante dramática», indicó este miércoles al inaugurar las primeras oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA) que tendrá la comuna.
La situación, que a su juicio es «crítica», validaría las acusaciones levantadas por habitantes del sector. «Si nosotros hacemos un cruce de la extracción habilitada por ley —en base a la sumatoria de todos los derechos— y el volumen en el que está disminuyendo el acuífero, nos damos cuenta de que existe extracción ilegal», afirmó.
Palacios agregó «que en caso de detectarse alguna anomalía, los antecedentes serán derivados a la Fiscalía».
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), respondió al personero en Twitter.
«Entre el 2012/14 me llevaron 24 veces a 4 tribunales distintos por decir que Pérez Yoma usurpaba agua, y fui condenado, me sacaron la chucha en la calle el 2015, y ahora junto a la Vero estamos amenazados de muerte… quien paga? Como se reparan estos malditos años de impudicia?», publicó.
Mundaca señaló que «las responsabilidades institucionales de la DGA datan de hace mucho tiempo», exhibiendo en un gráfico que el río Petorca «entró en restricción el año 1997» y que alrededor de 4 mil litros de agua fueron extraídos del río Ligua en la misma condición.
La semana pasada, Modatima concurrió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado para exponer nuevamente sobre la crisis en el territorio luego que el diario inglés The Guardian alertara sobre la responsabilidad de los productores de palta en la sequía.
Este jueves, Amnistía Internacional sostuvo una audiencia con el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a fin de exigir medidas de protección a los miembros de Modatima que alegaron amenazas con posterioridad a la difusión del reportaje londinense.
