Contraloría abre sumario por asesoría de esposa de ministro de Talca en GORE Maule

La Contraloría Regional del Maule cuestionó la legalidad de un contrato firmado por el gobernador Pedro Álvarez-Salamanca para la realización de servicios «confidenciales», tarea encomendada con abultados montos a la cónyuge del ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Moisés Muñoz Concha.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando el GORE Maule efectuó la contratación directa de la abogada Angélica Caro Toro para desarrollar una «asesoría jurídica especializada en materias de derecho administrativo y litigación pública, las que, por el momento son confidenciales, por cuanto su conocimiento público pudiere tornar en ineficaz las medidas que se requiere implementar».

Aunque la incógnita resolución del organismo fijaba un pago inicial de siete millones de pesos, dicho honorario fue aumentado por $2.100.000 más. Ello, «debido a que el presupuesto originalmente considerado sería insuficiente para el número de actos administrativos e informes que serían requeridos a la prestadora», argumentó la institución.

La sede Maule del ente fiscalizador consideró que la causal de trato directo no se ajustó a derecho y que «el GORE no aportó la documentación que permita constatar los criterios de proporcionalidad utilizados para determinar el precio acordado». Además, subrayó que las labores en cuestión debían ser asumidas por la unidad jurídica del Gobierno Regional.

Dado lo anterior, se instruyó sumario administrativo para perseguir la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sin perjuicio de instruir al gobernador remitir «todos los antecedentes vinculados con la ejecución de ese trato directo, especialmente los que den cuenta de los servicios efectivamente prestados y los pagos efectuados al respecto, con su respectiva documentación de respaldo».

En marzo de este año, el medio Ciper Chile denunció que la asesoría de Caro habría incidido en la no renovación de contratas de funcionarios y/o modificaciones de algunos de sus grados, informando que los trabajadores perjudicados interpusieron recursos de protección que debían ser resueltos por la misma Corte donde trabaja el esposo de la jurista.

«Inicialmente, el ministro Muñoz no se abstuvo de revisar situaciones relacionadas con estos procesos, a pesar de que se originaron por una actuación profesional de su esposa… El 12 de febrero pasado, en respuesta a una consulta de CIPER, el magistrado indicó que, si le correspondía conocer el fondo de estos recursos, revisaría los antecedentes y “si lo amerita” dejaría constancia de una posible causal de inhabilidad», detalló el portal de investigación