Reintegran a agente de la ANI que operaba en Temuco previo al estallido del caso Huracán
La Corte Suprema acogió un recurso de protección constitucional presentado por el analista de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Mario Basualto Soto, quien fue desvinculado del organismo en junio de 2018.
El agente desempeñaba funciones en la ciudad de Temuco desde el año 2008 como profesional asimilado a grado 6°.
En el libelo, Basualto acusó que el jefe de Finanzas de la ANI, Fabián Martínez Alvarado, viajó a La Araucanía a petición del hoy ex director Luis Masferrer para notificarle del término anticipado de su contrata sin documento resolutivo que fundara tal decisión.
En octubre de este año, el máximo tribunal del país indicó que tal relación laboral solo podría haber terminado a través de un «sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita».
«Por ello, la decisión de poner término a la contrata del recurrente ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales por él invocadas… debiendo ésta (la ANI) reincorporarlo a sus funciones en las mismas condiciones en que las servía antes de su desvinculación, y pagarle todas las remuneraciones, emolumentos y demás prestaciones y beneficios devengadas durante el tiempo en que estuvo separado», sentenció.
CONEXIÓN HURACÁN
En septiembre, un reportaje del diario El Ciudadano informó que dentro del teléfono incautado a Patricio Marín, ex jefe operativo de la unidad de inteligencia de Carabineros acusada de implantar pruebas contra mapuches en la Operación Huracán, aparecía una conversación que este habría mantenido con el analista de la ANI Mario Basualto.
El antecedente levanta interrogantes sobre cuánto sabía la agencia respecto a las operaciones de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), la cual tenía línea directa con el general director de la época, Bruno Villalobos, y cuyas acciones tienen hoy formalizados por delitos de obstrucción a varios de sus integrantes.
En ese caso, una de las imputaciones de la Fiscalía es que la UIOE habría inventado conversaciones de WhatsApp que apuntaban a supuestas filtraciones de la ANI a comuneros, implicando en ello a un misterioso personaje identificado en los informes policiales como «Marcos B.».
De hecho, en diciembre de 2017, meses después de las detenciones de presuntos implicados en atentados a camiones, el mandamás de la UIOE, Marcelo Teuber, envió al fiscal de La Araucanía Carlos Cornejo el Informe N° 407, documento que alegaba la existencia de un ataque informático originado desde la base central de la ANI en Santiago contra el oficial Marín.
NEGACIÓN DE TENDERINI
En enero de 2018, cuando el Ministerio Público ya investigaba inconsistencias en los chats y antecedentes aportados por Carabineros, el jefe del Departamento de Informática de la ANI, Rodrigo Riveros Aguilar, informó que la IP señalada en la denuncia de Carabineros no pertenecía a la Agencia.
«Puedo asegurar que la supuesta filtración de parte de un funcionario de nuestra agencia no es verídica, ya que efectuamos las indagaciones necesarias y lo descartamos totalmente», declaró Riveros ante la PDI, quien agregó que el organismo prescinde de redes Wifi por «medidas de seguridad».
En tanto, el jefe del Departamento de Administración y Personal de la ANI, Mauricio Porcio Villarroel, certificó que en septiembre de 2017 -fecha del supuesto ataque a Marín- no había ningún funcionario con el nombre “Marco” o “Marcos” trabajando en la agencia.
