En Chile:

Fiscalía decide investigar relación entre atentados e intereses forestales en La Araucanía

La Fiscalía Nacional determinó derivar a las Fiscalías del Bio Bio y la Araucanía los antecedentes relativos a la constatación de evidencias que apuntan a la existencia de grupos mercenarios y operativos cuyo propósito ha sido intensificar los climas de militarización policial y la estigmatización de causas reivindicativas en beneficio de los intereses forestales.

Las organizaciones denunciantes vienen señalado que luego de años de existir una serie de antecedentes, varios de hechos públicos, no era concebible que jamás se haya levantado líneas concretas de investigación y que esta instancia pública haya realizado exclusivamente persecuciones a causas Mapuche, sin atender contextos ni otros modus operandi.

Cabe señalar que los antecedentes que se ingresaron por parte de organizaciones y representaciones, tales como: área comunicaciones de la Red por la defensa de los Territorios (Araucanía); Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA);  representaciones estudiantiles y otras medio ambientales;  El Grupo de trabajo Mapuche por Derechos Colectivos;  Diputado Gabriel Boric,  con más de 300 páginas, versan sobre testimonios de ex guardias vinculados a empresas de vigilancia en predios forestales; confesiones de obreros pagados para cometer atentados e incriminar a dirigentes Mapuche; peritajes inconclusos y causas judiciales abandonadas relacionados a atentados forestales y grupos mercenarios; ex agentes del servicio de inteligencia de la dictadura militar como prestadores de servicios de vigilancia a empresas; testimonios públicos de parlamentarios; investigaciones periodísticas y opiniones jurídicas, entre otros documentos.

Además se entregó a la Fiscalía datos de la relación entre incendios de plantaciones forestales con plagas en los monocultivos; montajes informativos, siendo varios los antecedentes que desprenden tesis relacionadas a la existencia de grupos mercenarios con la intención de criminalizar causas del Pueblo Mapuche, intensificar acciones represivas a comunidades, cobros de seguros y colusiones de sectores empresariales, políticos y operadores de justicia en la Región de la Araucanía.