Ex subprefecto gana juicio laboral contra la PDI: Se vulneró su libertad de opinión

Marcando un precedente histórico para funcionarios públicos, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo condenó al Fisco de Chile a pagar una cuantiosa indemnización al ex jefe de la Brigada de Homicidios de Santiago, Gilberto Opazo Aravena, tras demostrar que el Alto Mando de la Policía de Investigaciones vulneró sus garantías constitucionales y lo apartó de la institución sin un debido proceso.

En su querella, el ex oficial de la policía civil manifestó haber sido víctima de hostigamientos, tratos indignos y denigrantes, puesto que nunca coincidió ni compartió la forma de ejercer el mando por parte de su jefe directo, el subprefecto Luis Sandoval Monteiro, quien se acogió a retiro el año pasado inmerso en una serie de acusaciones de autoritarismo y atropello laboral en contra de personal a su cargo.

Oportunamente, Opazo dirigió un reclamo al prefecto general Juan Baeza Maturana, acusando las vejaciones de las que era objeto y dirigiendo sus dardos al jefe Sandoval por tener «motivaciones ocultas relacionadas con el caso del homicidio del senador Jaime Guzmán», haciéndole presente que éste le prohibía «toda participación o intromisión en la investigación».

Dicha reclamación dio paso a un sumario administrativo repleto de vicios que, de acuerdo a lo establecido por el juez David Gómez Palma, «no cumplió totalmente con el mandato que le dio origen, porque no hizo análisis alguno sobre la efectividad de lo señalado por el funcionario Opazo Aravena en su reclamación«.

«Lo anterior llama la atención debido a que hay funcionarios en la institución que al ser interrogados por el fiscal que instruye el sumario entregaron antecedentes que respaldaban lo sostenido por Opazo Aravena», escribió el magistrado.

En opinión del tribunal, la decisión de desvincular al funcionario de la PDI basándose en una mala calificación, que a su vez estuvo determinada por un enjuiciamiento negativo de las expresiones vertidas en un acto de defensa, constituyó «una vulneración del derecho a la libertad de opinión que tiene el funcionario denunciante«, consagrado en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República de Chile.

Por lo anterior es que el juez decidió acoger la denuncia de tutela de derechos fundamentales, dejando a la PDI en un difícil escenario para futuras demandas de orden laboral.

A continuación acompañamos el registro audiovisual de la declaración del subprefecto (r) Gilberto Opazo, capturado en exclusiva por Verdad Ahora durante el juicio oral que se desarrolló durante el pasado mes de diciembre, y al que no asistió el principal jefe denunciado, Luis Sandoval Monteiro, ni tampoco el fiscal administrativo del cuestionado sumario que determinó la baja de Opazo, Guillermo Alarcón Cabezas.