Los dólares norteamericanos que financian la visita «conspirativa» de Capriles a Chile

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, acusó este jueves al líder opositor, Henrique Capriles, de conspirar junto a los “fascistas de Chile” en la visita que realiza a Santiago.

“El respeto se demuestra trabajando, no conspirando en Chile con la ultraderecha más asesina de este continente contra su propia patria”, afirmó Jaua durante un acto público, en el que acusó al ex candidato presidencial de mantener en “total abandono” su cargo de gobernador del estado de Miranda.

Más de un centenar de manifestantes se reunieron ayer frente al ex Congreso para repudiar la visita de Capriles, quien se reunió durante la jornada con los editores del diario golpista El Mercurio, parlamentarios de la Alianza y dirigentes de la Democracia Cristiana.

La gira del dirigente anti-chavista comenzó a gestarse en mayo de este año, cuando la diputada María Corina Machado se reunió con varias personalidades políticas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que congrega a los partidos políticos de la oposición venezolana.

De acuerdo a un informe publicado en 2010 a través de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), organizaciones como la National Endowment for Democracy (NED), la Open Society Foundation de George Soros – magnate que en Chile apoya al neoliberal Andrés Velasco – y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) del Departamento de Estado norteamericano, destinan anualmente entre 40 y 50 millones de dólares a sectores opositores de Venezuela.

Entre los beneficiados se encuentran el partido Primero Justicia de Henrique Capriles y su aliado histórico Copei, de la democracia cristiana venezolana. Según la periodista Eva Golinger, la encargada de canalizar los fondos es la MUD, últimamente en el ojo del huracán por las pretensiones golpistas de algunos de sus miembros.

Instrucciones de la Casa Blanca

Un audio filtrado hace algunas semanas registra una conversación mantenida entre María Corina Machado y el diplomático venezolano Germán Carrera Damas. En ella, el rostro femenino de la oposición expresa sus diferencias con el dirigente de Copei, Ramón Guillermo Aveledo, a quien acusa de haber viajado a Washington para pedir un golpe de Estado.

Pese a que ahora toma distancia de una nueva campaña para desestabilizar a Venezuela, el prontuario de Machado es consistente con los ideales golpistas del anti-chavismo apoyado por Estados Unidos. Un cable desclasificado del Departamento de Estado menciona los cargos de “traición y conspiración” que la vocera del MUD enfrentó en 2002 por el financiamiento que la National Endowment for Democracy (NED) otorgó a su ONG Súmate, instigadora del intento de derrocamiento contra Hugo Chávez en abril de ese año.

En una cita atribuida a uno de los fundadores de la NED, Allen Weintein, en un ejemplar del Washington Post de 1991, éste afirma: “Mucho de lo que hacemos ahora fue hecho de forma encubierta por la CIA hace 25 años”.

El 31 de mayo de 2005, el presidente George W. Bush recibió en el despacho oval a María Corina Machado en su condición de dirigente de Súmate. El gobierno de Chávez expresó que la reunión puso “en evidencia las profundas vinculaciones de la derecha venezolana con el gobierno estadounidense”. El ministro del Interior y Justicia fue más allá, calificando a Machado como una “marioneta de la CIA”.

Además de mencionar a Machado, el cable del Departamento de Estado también refiere a una turba que en abril de 2002, después de que Chávez fuera removido temporalmente del poder, atacó violentamente la embajada de Cuba en el estado de Baruta. “Según el GOV (gobierno), Capriles lideró las protestas, y la policía de Baruta no hizo nada para proteger la embajada”, señala el cable.

Súmate no es la única organización de la oposición que ha recibido fondos de la NED – un supuesto 6% del total, según su propio presidente Alejandro Plaz. También los recibió el partido Primero Justicia de Capriles a través de la llamada Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) ubicada en Caracas, que proporcionó más de 360 “becas” transferidas a organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades y proyectos políticos en Venezuela, a partir de junio de 2002.

 
En abril de 2013, un documento confidencial difundido en internet reveló el contacto directo que mantiene la embajada de Estados Unidos en Caracas con el derrotado candidato presidencial, Henrique Capriles. El informe data de septiembre de 2011 y está firmado por la funcionaria del consulado norteamericano, Kelly Keiderling-Franz.

“Capriles dijo que aprecia la asistencia que se le ha entregado, y recibió bien la información de que, para febrero de 2012, su apoyo desde todos los candidatos opositores con los que USAID ha trabajado anteriormente, está más que garantizado”, indica el punto 3. “Capriles lamentó la salida de John Caufield, estando de acuerdo al mismo tiempo en que ello, de ninguna forma, pondrá en peligro nuestros objetivos”.

Caufield, ex encargado de la embajada de EEUU en Caracas, es la persona que a principios de marzo de 2009 solicitó 3 millones de dólares adicionales para ayudar a las gobernaciones y alcaldías ganadas por la oposición venezolana en noviembre de 2008, y para preparar las campañas electorales de 2010. La petición al Departamento de Estado quedó registrada en el cable confidencial 09CARACAS404 filtrado por Wikileaks.

El informe de Keiderling continúa en su punto 4: “Capriles reiteró que si obtiene la victoria en las próximas elecciones, la política exterior de Venezuela será profundamente revisada, y Caracas se convertirá en un confiable aliado de EEUU”.

Los asuntos financieros son discutidos más adelante en el punto 5. Sorpresivamente, Chile es mencionado como una de las fuentes de dinero. “Capriles fue notificado que los fondos asignados para el presente año han sido transferidos en concordancia con acuerdos anteriores. Recursos adicionales serán canalizados a sus representantes de confianza a través de nuevas entidades, principalmente a través de ONGs de Chile, Panamá, Colombia y EEUU”, revela el documento.

Las platas del narco

El paso de Capriles por Santiago no ha estado exento de polémicas, especialmente por la posibilidad de que el ex candidato opositor sea recibido en persona por el presidente Sebastián Piñera. Ya se ha confirmado que el mandatario lo recibirá fuera de La Moneda con una cena privada.

Horas antes de la llegada de Capriles, en televisión abierta, el ex inspector de la PDI Fernando Ulloa y su abogado Rubén Jerez denunciaron la existencia de un complot para desestabilizar al gobierno de Maduro usando fondos del narcotráfico. Jerez explicó que la inteligencia norteamericana estaría recurriendo al tráfico de estupefacientes como fuente de recursos – al igual como se denunció en su oportunidad ante el presidente ecuatoriano Rafael Correa – con el objeto de evitar la auditoría del Congreso de Estados Unidos.

Los recursos clandestinos estarían siendo supervisados desde la embajada norteamericana en Santiago por los funcionarios Washington Moreira de la Drug Enforcement Administration (DEA) y Todd Porter, representante del FBI. Para las operaciones se usaría la empresa de pantalla Crawford & Company, cuya filial en Chile se encuentra vinculada a los funcionarios del Ministerio del Interior, Rodrigo Barros Belmar y Marko Magdic.

Hijo de un diplomático de la ex Yugoslavia, Magdic participó activamente en las licitaciones irregulares del “caso sobreprecios” como jefe del Departamento de Crimen Organizado en la División de Estudios de Interior, bajo el ex fiscal Alejandro Peña. Magdic ha hecho clases de “inteligencia” en la Academia Nacional de Estudios Políticos (ANEPE), organismo dependiente del Ministerio de Defensa que hoy encabeza Rodrigo Hinzpeter.

El presidente Piñera estaría al tanto de los esfuerzos por desestabilizar a países vecinos que se caracterizan por una política exterior anti-estadounidense. Ello explicaría el completo silencio de La Moneda frente al ingreso mensual de más de 200 kilogramos de cocaína por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), según denunciara el ex inspector Ulloa en una reunión con el ministro Hinzpeter, en mayo de 2011.

Los cargamentos de droga estarían bajo la protección de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en virtud de sus vínculos con miembros del Alto Mando de la PDI, entre ellos el subdirector de la policía civil, Juan Baeza Maturana. Este nexo quedó al descubierto durante el bochornoso montaje conocido como “caso paquistaní” (vea documental).

¿Se respira en el ambiente un golpe de Estado contra Maduro? A inicios de junio, el ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, denunció que los “venezolanos de la oposición” y personalidades vinculadas a la industria petrolera, habían firmado un contrato de compra de 18 aviones de guerra que serían llevados a una base militar de Estados Unidos en Colombia, “a más tardar en noviembre de este año”.

El presidente Nicolás Maduro manifestó que la denuncia de Rangel debe ser investigada “al más alto nivel”.