La historia del agricultor que demandó a Anglo American por contaminación
La operación ilegal de un botadero de Anglo American interrumpió un estero y secó los frutos de un agricultor de la comuna de Nogales, en la Región de Valparaíso. Ello, de acuerdo a una demanda interpuesta en el 22º Juzgado de Civil de Santiago por el empresario Alejandro López Aliaga, quien solicita una indemnización de 185 millones de dólares.
El afectado relata que el depósito de estériles El Sauce, vinculado a la explotación de la mina El Soldado, provocó la «potente polución» de sus plantaciones y la pérdida de agua de cauces naturales, todo lo cual se haría en forma «consciente» ya que el vertedero sobrepasó los límites autorizados por el Estado.
La acción judicial plantea que los daños comenzaron a producirse en 2010, «fecha en que la producción de paltos, chirimoyos y cítricos (de López) comenzó a decaer y a perder volumen, no alcanzando las condiciones requeridas para su exportación», lo cual empeoró cuando «el agua comenzó a escasear severamente a partir del año 2012» y los frutales aparecieron cubiertos por «un polvillo negro pegajoso» proveniente del botadero.
«Hemos visto disminuir considerablemente nuestros ingresos…. las empresas exportadoras ya no nos compran nuestra producción… nos hemos visto obligados a ver más de 10 hectáreas de árboles frutales secos, irremediablemente perdidos», agrega.
La acusación cita como respaldo la Resolución Exenta Nº 2016 de octubre de 2014, emitida por el Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin), que dispuso el cierre total y temporal de la instalación de residuos mineros El Sauce por superar el tope de 82,5 millones de toneladas de lastre, «en más de un 77,3%, habiendo transcurrido 12 de los 17 años de vida útil».
Cabe señalar que, ante esta medida, López pidió, en carta al director regional de Sernageomin, que el ente ordenara a la minera «la inmediata limpieza del Botadero de Estériles El Sauce, sacando de él todo el exceso de material depositado», mientras que, en misiva dirigida a la titular de Minería, Aurora Williams, hizo presente que su casa está ubicada a 600 metros del emplazamiento, lo que supondría un riesgo para su integridad física.
Sobre lo mismo existe ya una denuncia ante la Dirección General de Aguas (DGA) contra Anglo American, por impedir el libre escurrimiento del recurso hídrico del estero El Sauce.
El informe técnico del servicio constató que el botadero fue «construido en el mismo cauce», y que el flujo de agua, en caso de precipitación, escurriría por los pies del depósito, lo que provocaría la «erosión de las riberas». Pero no sólo eso: manifestó que un exceso de lluvia podría generar la «destrucción total o parcial del depósito (aluvión), provocando perjuicios aguas abajo de éste».
A través de la Resolución Nº 1088 del 13 de julio de 2015, la DGA concluyó que la obra de Anglo American representaba «un peligro para la vida, salud o bienes de la población», sin embargo, más de un año después y acogiendo los descargos de la multinacional, suspendió el acto administrativo, a la espera de que culmine la revisión de un proyecto de modificación del cauce ingresado por la firma sancionada.
«LA ÚNICA FORMA DE CRECER ES TAPANDO LA CASA»
A la abogada que lleva el caso del agricultor López, Angélica Urbina, le resulta «curioso» el actuar de la DGA y la posibilidad de que el traspaso de funcionarios públicos al sector privado influya en las determinaciones de organismos técnicos. Para muestra un botón: la ex directora regional de la DGA Valparaíso, María Monares Ruiz, terminó trabajando para Anglo American. De hecho, aparece firmando trámites para modificar el estero El Sauce en nombre de la minera.
«Por un sentido de ubicación, el botadero El Sauce no puede crecer más. La única forma de crecer es tapar completamente el cauce del estero (del mismo nombre) y por ende tapar la casa de don Alejandro, sus plantaciones y todo lo que está aguas abajo», indicó la mujer de leyes en conversación con El Ciudadano.
En su defensa, Anglo American plantea que la empresa obtuvo una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la Nº 1167/2010, para cambiar el método de explotación de El Soldado de mina subterránea a rajo abierto, procedimiento que supuestamente contempló aprobar «la ampliación del área de depositación de estériles… comprendiendo una superficie adicional de 74,8 hectáreas y una capacidad adicional de 225 millones de toneladas», según los descargos hechos ante la DGA.
La abogada Urbina responde que «dentro de esa nueva RCA, ellos metieron como un apéndice, como ‘a la mala’, la ampliación de los botaderos El Sauce, San José y El Carmen, que los tenían cerrados porque estaban sobrepasados en su capacidad. Pero no es que se les apruebe la ampliación del botadero, sino el cambio del método de explotación».
En tal sentido precisó que no existe resolución de Sernageomin que haya dejado sin efecto la anterior de 2002 (Nº 406), que fijó las dimensiones geométricas y capacidad del botadero El Sauce.
Urbina agregó que, en las fiscalizaciones que ese propio organismo efectuó para dictar el cierre temporal del emplazamiento en 2014, «se estableció que no se habían respetado las plataformas… que había rajos en los taludes del depósito, grietas importantes que de alguna forma maquillaron, lo que significa en un terremoto que todo escurra aguas abajo».
ELUSIÓN AMBIENTAL COMPROMETERÍA A SERNAGEOMIN
El caso del agricultor López se cruza con la investigación que realiza la Contraloría General de la República sobre posibles irregularidades en la revisión de la denominada ‘Actualización Proyecto Explotación Rajo Abierto El Soldado’ de Anglo American, por parte de Sernageomin, ya que la empresa no acompañó una resolución de calificación ambiental favorable para la explotación del Rajo Filo, etapas 3 y 4.
El 14 de diciembre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió a Sernageomin la remisión de la carpeta a la Superintendencia de Medio Ambiente, en virtud de una posible «elusión» de normativas de impacto ambiental por Anglo American. En dos ocasiones -enero y abril de 2016-, la SMA pidió los documentos a Sernageomin, pero no obtuvo respuesta.
La denuncia presentada en Contraloría alude a «presiones al interior del servicio (Sernageomin), para que no sea considerada la autorización ambiental para este proyecto que comenzó la explotación el año 2003», lo que se debería a una «resistencia del Subdirector Nacional de Minería, Hugo Rojas, en entregar los antecedentes» a la SMA, y a un tráfico de información privilegiada desde el ente.
En el escrito se cuestiona además el papel de la jefa jurídica, Doris Roa, quien habría señalado que «el Rajo El Soldado no entra al Sistema de Evaluación Ambiental» por «contar con dos RCA que lo amparan», según correos electrónicos acompañados en la presentación.
De los mismos se desprende que, en agosto de 2015, Roa ordenó atenerse a un primer pronunciamiento favorable a Anglo American del SEA, sin esperar que dicho organismo revisara antecedentes que más tarde lo hicieron exigir la intervención de la SMA.
EN MANOS DEL CONTRALOR
El resultado de la pesquisa administrativa genera expectación, dado que, de comprobarse la denuncia en los términos en que fue planteada, podrían configurarse delitos merecedores de ser indagados por la Fiscalía.
La situación es monitoreada por la abogada Angélica Urbina, cuyo representado, el agricultor López, ya planteó en una carta al Ministerio de Minería su preocupación de que «las autoridades llamadas a cautelar los derechos de las personas no tomen las medidas necesarias para precaver males mayores».
En este sentido, para que la investigación de la Contraloría sobre posibles facilidades a Anglo American se llevara a cabo de forma imparcial, el denunciante pidió excluir a la abogada de ese ente, Loreto Valenzuela, «de tener conocimiento y participación» en el proceso, atendida su calidad de ex funcionaria de Sernageomin.
Valenzuela, quien forma parte del grupo de asesores del Gabinete del contralor Jorge Bermúdez, sirvió de intermediaria para una charla dictada por éste en el servicio minero. Ello, en el marco de una jornada de capacitación titulada «Aspectos a considerar en un modelo de procedimiento administrativo sancionador para Sernageomin», según consta en un correo de diciembre de 2014 al que accedió El Ciudadano.
Informaciones recabadas por este medio apuntan a que las abogadas Valenzuela y Doris Roa, jefa jurídica denunciada, mantuvieron contacto durante el curso de la investigación de la Contraloría. De hecho, existen registros en que la segunda insta a la primera a tomar acciones disciplinarias contra un funcionario de Sernageomin.
El Ciudadano consultó sobre este tema a la Unidad de Comunicaciones de Contraloría, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta. Por otra parte, el subdirector nacional de Minería de Sernageomin, Hugo Rojas, declinó entregar su versión por estar pendiente lo que resuelva el contralor sobre la materia.
