Henry Kissinger, David Rockefeller y Agustín Edwards: prófugos del Estado chileno

A fines de 1975, se realiza en Santiago un pacto criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, donde asiste el agente de la DINA, Manuel Contreras. Se planea entonces la cooperación internacional, al estilo de Interpol, para perseguir y exterminar a la disidencia política “subversiva” del Cono Sur.

Uno de los autores intelectuales de la llamada Operación Cóndor, que coordinó el asesinato de miles de políticos, sindicalistas, periodistas y dirigentes sociales en Latinoamérica, fue el ex asesor de seguridad nacional del presidente Richard Nixon, Henry Kissinger.

El Cóndor acabó con la vida de Orlando Letelier, canciller de Allende e íntimo amigo de Frank Church, senador estadounidense que investigó las operaciones encubiertas de la CIA. A la organización clandestina se le adjudica también el asesinato en Buenos Aires de Carlos Prats, retirado general del Ejército de Chile, e intentos frustrados de ejecutar en Roma a Bernardo Leighton, demócrata cristiano.

Bajo la dirigencia de Kissinger en Estados Unidos, el Cóndor se alió con terroristas del fascismo italiano, colaboradores de la llamada Operación Gladio que realizó atentados contra dirigentes marxistas y anarquistas, entre ellos ataques de bandera falsa para manchar el nombre de movimientos progresistas en Europa. Los lazos fueron directamente estrechados por Augusto Pinochet en 1975, cuando entabló conversaciones con el terrorista Stefano Delle Chahie durante el funeral de Franco en Madrid.

LOS EXTRANJEROS DEL GOLPE

Mientras Pinochet decía estar combatiendo una conspiración internacional comunista, el general permitió el ingreso de la intervención extranjera de la CIA y el cumplimiento de un complot cuidadosamente ideado en los pasillos de Washington. Así llegó el 11 de septiembre de 1973.

Nada que envidiar a la Stasi tenía la CNI. Los tanques rusos exhibidos por El Mercurio, a través de una campaña de propaganda negra ejecutada por el colaborador de la CIA, Agustín Edwards Eastman, fueron cambiados por tanques norteamericanos, Uzis israelíes e instrucción de inteligencia del Mossad. La “invasión soviética” fue reemplazada por un tratado con el gobierno israelí, que fomentaba el turismo de ex conscriptos judíos en la Patagonia (Decreto 550 de 1987), alimentando con ello teorías sobre una posible colonización extranjera en el sur de Chile y Argentina.

Protegiendo los intereses económicos de David Rockefeller (dueño de la minera Anaconda Copper expropiada por Salvador Allende) y multinacionales agrupadas en el Council of the Americas del banquero estadounidense, la CIA movilizó sus recursos para expulsar del poder a la Unidad Popular, iniciando un proceso de transformación política y económica servicial a los intereses del globalismo.

Ya en 1965, la Fundación Ford de Rockefeller había financiado un estudio sociológico para determinar el impacto de una intervención militar en Chile, ante la eventualidad de revueltas sociales que resultaran incontrolables para las élites locales y extranjeras. El Proyecto Camelot, operación que constaba de un cuestionario distribuido en los principales establecimientos educacionales del país, fue condenado abiertamente por el Congreso de la época.

El proceso gestado en Washington incluyó la cooperación de Agustín Edwards, cuya familia posee históricos lazos bancarios con la familia Rothschild de Inglaterra. Según consta en investigaciones senatoriales del Comité Church, el agente Edwards se reunió con el entonces director de la CIA, Richard Helms, recibiendo la módica suma de un millón y medio de dólares para financiar sus operaciones propagandísticas contra Allende.

Otros fondos fueron transferidos a Edwards por la International Telephone & Telegraph (ITT), la cual también financió a opositores del gobierno de la Unidad Popular.

La intervención desestabilizadora de la CIA ya había quedado en evidencia con el crimen del ex comandante del Ejército, René Schneider, ejecutado por miembros de Patria y Libertad. En 2001, René y Raúl Schneider Arce, hijos del general asesinado, presentaron una querella contra Kissinger y Helms por el asesinato de su padre, la cual fue posteriormente rechazada en 2006.

Kissinger, sindicado como el hombre que internacionalizó los escuadrones de la muerte, ha debido afrontar gruesas acusaciones y denuncias por crímenes de guerra – pese a haber ganado, el mismo año en que ocurrió el golpe de Estado en Chile, un Premio Nobel de la Paz.

En junio de 2011, policías suizos que custodiaban la reunión anual del Grupo Bilderberg en St. Moritz fueron confrontados por activistas con evidencia de los crímenes de lesa humanidad de Kissinger, adjuntada a una orden de detención emitida por el juez Baltasar Garzón.

El reservado cónclave elitista de multimillonarios recibió el repudio público de Mario Borghezio, miembro del Parlamento Europeo, quien solicitó a las autoridades federales el arresto inmediato del ex secretario de Estado norteamericano. Los intentos del político por irrumpir en la conferencia fueron impedidos con puños y patadas de los guardias que custodiaban el hotel, donde se mantenía la reunión de Bilderberg en estricta reserva.

TEMORES SOBRE EL FUTURO

A casi 40 años del sangriento golpe de Estado de 1973, vemos un país agobiado por una dictadura financiera, abierto a la mercantilización de sus recursos naturales y al despojamiento de su soberanía. Si traidor a la patria es un título pequeño para Agustín Edwards, mucho más alarmante es su total impunidad como cómplice de graves violaciones a los derechos humanos de los chilenos, fomentada por El Mercurio con la distorsión de hechos, mentiras y montajes que continúan perpetuándose hasta la actualidad a través de sus incestuosos vínculos con los servicios de inteligencia.

Chile está secuestrado por transgresores, nacionales y foráneos, que bailan al ritmo de una danza macabra. Mientras la propaganda mantiene divisiones artificiales sobre los chilenos, la élite económica de los Luksic, los Paulmann, los Matte, los Angelini, los Saieh, todos bien posicionados en organismos internacionales, está segura de que sin importar quien gane las próximas elecciones, sea la Alianza o la Concertación, ellos continuarán consumiendo su parte de la torta, al servicio de un poder privatizado que prescinde del escrutinio público.

Las manifestaciones sociales del último tiempo, ligadas a un descontento generalizado que no sólo se reduce a un movimiento estudiantil, representa el virus del cambio para la clase política, hoy temerosa de reconocer el inicio de un proceso social que bien podría devolver a Chile su autonomía como nación.

La instalación de un centro de entrenamiento de “guerra urbana” por EE.UU. en las costas de Chile, la redacción de la «Ley Hinzpeter» por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y la presentación de una Estrategia de Seguridad y Defensa de Allamand que, en palabras del periodista Nibaldo Mosciatti, abre “la posibilidad para que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de seguridad interna”, son hechos que debieran generar una alarma pública y hacernos reflexionar sobre lo que se avecina, a partir de lo que ya se ha hecho en nuestro país.

En palabras del abogado paraguayo Martin Almada, descubridor de los documentos secretos de la CIA que expusieron la red de asesinatos de Kissinger, no debemos dejar de considerar que “el Cóndor sigue volando” sobre América Latina.