Contraloría declara ilegal oficio que impedía querellarse por platas políticas en SII de Bachelet

El contralor Jorge Bermúdez abrió un nuevo flanco en la interminable saga de casos por financiamiento irregular de la política al declarar improcedente una orden emitida en el año 2016 que ponía cortapisa a la facultad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para iniciar acciones legales frente a delitos tributarios.

Según El Mostrador, el subdirector jurídico del servicio en la administración Bachelet, Bernardo Lara, envió un oficio reservado a los directores regionales y al de Grandes Contribuyentes, donde se explicaba «que la persecución administrativa, que prescribe en tres años, será la base a considerar para enviar o no los antecedentes de una causa tributaria al director –quien tiene la atribución para querellarse».

Esto «pese a que la vía penal tiene un plazo de entre 5 y 10 años de prescripción. Es decir, si la investigación administrativa está prescrita, no solo no se multará, sino también dicha recopilación de datos no será enviada al director para ejercer la acción».

La medida generó una amplia resistencia al interior del SII, entendiéndose como un paso más a la impunidad de grandes empresas que podían estar implicadas en aportes ilegales a campañas políticas, las que -a diferencia de Penta, SQM y Corpesca- no fueron tocadas judicialmente, como Ripley, Alsacia y Endesa.

A casi dos años, la Contraloría dictaminó en contra del oficio, señalando que el organismo no puede reducir el alcance de su acción penal por la vía administrativa.

En el dictamen se agrega que el SII incurrió en una «omisión de sus deberes» al haber interpuesto querellas de forma extemporánea, lo que derivó en el sobreseimiento definitivo de causas.

La decisión «podría reabrir todos los casos de platas políticas que aún se encuentran dentro de los 5 y 10 años de prescripción», plantea El Mostrador.