Caso Matute: El día en que el mayor (r) Ovalle denunció a un ministro por querer cerrar el proceso
Especial relevancia cobran las declaraciones que prestara hace algunos meses a un canal de televisión el mayor (r) de Carabineros, Andrés Ovalle, en vísperas de que se cumplan 17 años desde la desaparición del estudiante sampedrino Jorge Matute Johns, ocurrida en noviembre de 1999 en la Región del Biobío.
En agosto, en el programa «La Mañana» de Chilevisión, el ex oficial a cargo del caso Matute en sus inicios reafirmó su convicción de que las irregularidades presentes en el proceso obedecen a la intervención dolosa de agentes de Estado y no a «negligencias y errores», como aseguró la ministra en visita Carola Rivas tras liberar a dos empleados de la discoteque La Cucaracha que habían sido interrogados.
Ovalle reiteró los obstáculos que la primera jueza del expediente, Flora Sepúlveda, y los mandos de su propia institución, le habrían impuesto para no llegar a la verdad con respecto a dos aristas: la eventual participación de personal del local nocturno donde «Coke» desapareció y de uniformados ligados a un traficante de drogas.
Por primera vez, el investigador reveló el contenido de una conversación que mantuvo en febrero de 2014 con el ministro Jaime Solís, quien reabrió el caso y llamó a testigos a aportar nuevos antecedentes, previo a que Rivas tomara las riendas de la indagatoria.
Según Ovalle, el ex titular de la Corte de Apelaciones de Concepción le manifestó su intención de revitalizar la hipótesis del ex comisario de la PDI Héctor Arenas que apuntaba a los siete jóvenes que fueron procesados por obstrucción a la justicia en 2001, quedando más tarde en libertad.
«Me dijo… ‘esto ya está prescrito, ¿no sería mejor que ellos (los jóvenes) se hicieran responsables de esta situación? Aquí no ha pasado nada, se le da respuesta a la madre, y el tema lo dejamos zanjado sobre la base de la prescripción'», apuntó el mayor (r) como las palabras textuales del ministro Solís.
Indicando que ello habría implicado la extinción de la responsabilidad penal de los potenciales involucrados (por tener calidad de civiles y no de agentes de Estado), Ovalle dijo que entregó a Solís un documento oficial de Carabineros que apuntaba, como principal teoría del caso, al empresario Bruno Betanzo y a efectivos policiales vinculados a hechos de corrupción.
En ese momento, el magistrado le habría confesado «no creer que un médico (Betanzo) se preste para esto y tampoco oficiales de Carabineros».
Meses después de que Ovalle pusiera el documento a disposición de la prensa, como bien se recordará, Solís decidió inhabilitarse del proceso en base a la figuración de su yerno, Farid Harún, como testigo en el expediente, algo que aparecía en las primeras fojas.
CADENA DE CUSTODIA
Otra situación aludida en la entrevista con CHV fue el rompimiento de la cadena de custodia de las muestras de sangre levantadas por la perito Shirley Villouta desde los cimientos de la discoteque. Por sugerencia del jefe de gabinete del entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, la evidencia fue despojada de las manos de Ovalle y trasladada a Estados Unidos para ser periciada en el FBI, no sin antes pasar por «cinco manos distintas».
En noviembre de 2002, el consejero general subrogante del FBI en Washington, Charles Steele, informó a la legación diplomática estadounidense en Chile que el informe elaborado por la bioquímica Jaqueline Blake sobre la sangre de La Cucaracha (que no descartó ni confirmó el hallazgo de ADN de «Coke»), no era fiable, puesto que la profesional había adulterado numerosos documentos en EEUU.
Steele recomendó que las muestras fueran nuevamente enviadas al país del norte, cosa que no ocurrió, de acuerdo a la información que fue revelada en exclusiva por El Ciudadano en noviembre de 2014, a través de documentos del FBI accedidos a través de la Freedom of Information Act (FOIA) norteamericana.
POLICÍAS TESTIGOS
Ovalle también habló del contacto que tomó en 2009 con un funcionario de Carabineros que custodió, antes de su muerte por «suicidio» en julio de 2000, al cabo Marcos Martínez, de la Comisión Civil de Coronel. Cabe recordar que en ese instante Martínez era acusado de tener vínculos con un traficante apodado «Mañungo» que mantenía en su poder numerosas tarjetas de presentación de oficiales de la institución.
En presencia de otras dos personas, el ex custodio de Martínez le habría dicho a Ovalle que a él «también lo habían mandado a matar, pero quien tenía que hacerlo se arrepintió».
Los correos que demostraban el deseo de policías activos y en retiro de revelar los vínculos del caso Matute con una presunta red de protección del narcotráfico fueron entregados a la ministra Carola Rivas a fines de 2014, cuando éste declaró por un espacio de dos días.
PRESIÓN DEL ALTO MANDO
Respecto a las futuras diligencias de la ministra Rivas, que en su última conferencia de prensa descartó la eventual participación de Carabineros en la muerte de Matute, Ovalle dijo temer que en sus resoluciones la magistrado «establezca la prescripción» al sacar a agentes policiales del panorama de sospechosos.
«Los resultados que yo estaba teniendo (en la investigación) causaban presión del Alto Mando, era al revés… a medida que iba avanzando me obstaculizaban», recordó el ex funcionario de OS7 a cargo de la Segunda Comisaría de Talcahuano cuando «Coke» desapareció.
Ovalle dijo pensar además que «aquí se está privilegiando la institucionalidad del país sobre las personas».
