Caso Huracán: Abogado apunta a ministro Aner Padilla por escuchas
Serios vacíos en la Ley de Inteligencia utilizada con motivo de la Operación Huracán, donde hoy se indaga un montaje de Carabineros para vincular a mapuches con atentados, advirtieron dos juristas invitados a exponer a la comisión que persigue responsabilidades políticas en el caso: el ex fiscal Francisco Ljubetic y el fundador de la ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez.
Luego de resumir los antecedentes que llevaron a desechar el acusatorio Informe N° 130, suscrito por el ex general de la Dirección Nacional de Inteligencia y Drogas de Carabineros, Gonzalo Blu, actualmente en prisión preventiva, el abogado Ljubetic no descartó que el proceso cuestionado haya sido conocido plenamente por la autoridad política, específicamente el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.
«¿De quién dependen los policías? Del Ministerio del Interior. No lo digo yo, lo dice la ley… Las policías tienen no solamente un parte diario acerca de lo que le informan al Ministerio del Interior sino que también colocan en antecedentes permanentes este tipo de situaciones, que son delicadas para el contexto nacional», señaló.
Por su parte, respecto al mal uso de la norma que permitió solicitar medidas intrusivas a la Corte de Apelaciones de Temuco, como la interceptación de los teléfonos de alcaldes mapuche, el abogado Álvarez, quien ha asesorado a la Subsecretaría de Defensa en materias de Ciberseguridad, planteó que el caso Huracán no es el único donde ello ha ocurrido.
«Tenemos oficiales de Carabineros que incorporaban teléfonos de colegas en investigaciones criminales para obtener información de infidelidades, respecto a problemas de asuntos internos… Iban donde un juez, presentaban 10 números, pero dentro de los 10 iba el teléfono de un colega policía», indicó.
El experto criticó la concentración de atribuciones en el jefe de inteligencia respectivo para calificar si procede o no la escucha de comunicaciones privadas sin control jerárquico. Incluso afirmó que los requerimientos judiciales bajo Ley de Inteligencia, en base a dicho cuerpo legal, no necesitan mayor fundamentación.
En al menos ocho pronunciamientos, indicó Álvarez, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la decisión que sustenta el requerimiento a un tribunal para intervenir celulares o equipos informáticos «no puede obedecer a capricho», sino a un proceso «razonado» y «a lo menos documentado», algo que no se está cumpliendo y que Huracán demuestra de forma clara.
«Si uno revisa por ejemplo el sistema comparado e incluso en inteligencia, cuando opera el órgano judicial como mecanismo que abre la llave para habilitar el sistema, (el magistrado de la Corte respectiva) se queda con un expediente y hay alguien encargado de fiscalizar que la medida se cumpla», subrayó.
También comentó la posibilidad de que el ministro Aner Padilla autorizara a Carabineros tener acceso de forma retroactiva al contenido de conversaciones interceptadas, refiriéndose a ello como una arista que podría complicar a la autoridad, «porque ahí habría dictado una orden contra texto escrito de la ley… podría haber eventualmente una responsabilidad funcionaria y eventualmente una responsabilidad criminal».
«Si el estándar que establece la Constitución respecto a la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones es alto, la sanción penal por incumplimiento de los requisitos formales también debiera ser alta, y especialmente alta para aquellos que tienen la llave del sistema», expresó, recomendando hacer modificaciones legales para evitar que se actúe de forma arbitraria.
La comisión acordó citar para el próximo lunes 10 de septiembre al ex subsecretario Aleuy. En conversación con el diario La Tercera, la presidenta de la instancia, Andrea Parra, dio por sentado que el ex personero no asistirá.
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