Acusan pagos directos de Bruno Villalobos a Alex Smith: CDE analizará antecedentes
Altas sumas de dinero por parte del ex jefe máximo de Carabineros, Bruno Villalobos, habría recibido el creador del sistema Antorcha implicado en el supuesto montaje de la Operación Huracán, Alex Smith, según versiones que maneja la Fiscalía y que apuntan al eventual uso de gastos reservados.
Así se conoció en el marco de la audiencia de formalización que este viernes cumplió en Temuco su quinta jornada, donde se imputa a 10 uniformados, vinculados al área pericial y de inteligencia de Carabineros, la implantación de pruebas tendientes a incriminar a comuneros mapuche.
Con el fin de cautelar el éxito de la investigación, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Smith, del ex capitán de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), Leonardo Osses, y del ex general Gonzalo Blu, petición que el tribunal dejó pendiente para el próximo martes a las 11:00 horas.
RED DE PROTECCIÓN
El fiscal Carlos Palma argumentó que los imputados realizaron acciones para «dar seriedad» a la Operación Huracán y desviar las pesquisas, afirmando que Smith inventó un hackeo de la PDI al sistema Antorcha -con el fin de justificar un allanamiento al cuartel central de General Mackenna- y que Blu protegió «comunicacionalmente» a la red.
En torno a este punto, la defensa del ex mandamás de inteligencia, a cargo del abogado Sergio Rodríguez, manifestó que los actos de protección, como la declaración pública de enero mediante la cual su representado acusó a la Fiscalía de amparar la violencia en el sur, no fueron dispuestas por él sino por el ex director Bruno Villalobos, quien mantenía contacto directo con funcionarios de la UIOE.
En el mismo sentido, el jurista indicó que existen conversaciones de WhatsApp entre Villalobos y quien fuera superior de Osses en la UIOE, el mayor Patricio Marín, que no han sido compartidas con los intervinientes. Cabe señalar que el lunes Marín se excusó de asistir a la formalización exhibiendo una licencia médica del Hospital de Carabineros.
La jueza Marcia Castillo postergó para el jueves 19 de julio la comunicación de cargos respecto a su persona.
MALETINES
En la indagatoria se ha cuestionado la entrega de 21 millones de pesos a Patricio Marín para la compra en efectivo del software Oxygen, utilizado para extraer datos y archivos almacenados en aparatos celulares. Según el fiscal, la adquisición autorizada por el ex general Blu tenía como objeto hacer creíble a Antorcha.
El abogado querellante Rodrigo Román, quien representa al cabecilla de la CAM, Héctor Llaitul, anunció que pedirá un pronunciamiento al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para que dilucide posibles «vicios de legalidad» en el uso de los recursos fiscales.
«En estos tiempos, andar con un maletín con 20 millones de pesos como lo hace Marín para comprar un equipo computacional al contado y sin ningún registro, la verdad es que no resiste ninguna seriedad, ninguna lógica. El sistema público, a propósito del tema de transparencia y anticorrupción, ha establecido que hasta para comprar un kit, hasta para comprar un lápiz, se requieren licitaciones u otra formalidad», señaló.
Román agregó que «esos pagos por debajo de la mesa, esos maletines abultados de dinero, dan cuenta efectivamente que aquí estamos en presencia de una asociación criminal».
AMPLIACIÓN DE QUERELLA
Materia de estudio por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es la eventual existencia de pagos irregulares de Villalobos con gastos reservados. La querella que el organismo ya interpuso en el caso Huracán podría ser ampliada, indicó el representante del CDE en La Araucanía, Claudio Jara.
«Esa arista dentro de la investigación ya está. Es un antecedente nuevo. De hecho, hace no más de 30 días que se puede contar con ese antecedente de las diligencias recabadas por el fiscal Palma, razón por la cual en ese punto la investigación se está tomando recién. Cuando tengamos los antecedentes a cabalidad, el Consejo tomará una decisión», expresó.
Consultado respecto a futuros involucrados, Jara recalcó que «hay diligencias pendientes, y si de aquí a mañana se puede afirmar con más propiedad que otras personas tienen participación, bien sería que el Consejo se querelle en contra de ellas».
Por Matías Rojas / Temuco
