Preparan juicio laboral contra la Armada y esperan citar a comandante en jefe
La semana pasada, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo capitalino realizó la audiencia de preparación del juicio que deberá enfrentar la Armada de Chile a raíz de la demanda presentada en noviembre por el ex sargento Claudio Machuca Leal, primer funcionario de la institución que intenta impugnar su retiro en dicha sede, atribuyéndolo a un acto discriminatorio.
De uniforme, el ex comando, buzo táctico y encargado de la seguridad del Batallón Chile en Haití, llegó al tribunal en compañía de su abogado Marcelo Figueroa y del presidente del sindicato «Chile te Cuida», Nazario Zúñiga, quien brinda apoyo a miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones que denuncian actos arbitrarios cometidos por superiores.
En representación de la parte demandada llegó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya abogada trató sin éxito de que el juez se declarara incompetente para conocer el caso, en atención a la calidad de empleado público de Machuca. Esta solicitud – de ser aceptada – habría pasado por alto la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema que reconoce el derecho de funcionarios de la administración del Estado a recurrir de tutela laboral.
En la sesión, el magistrado rechazó parte de la prueba que el demandante pretendía exhibir en el juicio, en especial, las actas de la junta de Selección de la Armada que tomó la decisión de apartarlo de las filas. Aunque los documentos podrían servir para entender el fundamento central por el cual Machuca fue desvinculado, el CDE argumentó que su publicidad afectaría la seguridad de la nación.
Recordemos que uno de los principales motivos que llevó al sargento a demandar a la Armada fue la imposibilidad de explicar su llamado a retiro por parte del almirante José Miguel Rivera, jefe del Comando de Operaciones Navales de Valparaíso. Éste le habría manifestado en una conversación que las determinaciones de la junta son «secretas, autónomas e irrefutables», por lo que sería imposible conocer los fundamentos de ella, la cual terminó truncando una carrera en la que siempre se destacó en Lista 1, con calificaciones sobresalientes.
Otro punto en contra – pero reversible ante la Corte de Apelaciones de Santiago – fue la decisión del juez de no citar a absolver posiciones al comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga. Lo dictaminado se basó en que a la Marina, al carecer de personalidad jurídica, no le sería aplicable el artículo 4º del Código del Trabajo, que define lo que se entiende por empleador en este tipo de procedimientos.
«Vamos a reclamar esta situación. Sentencias que esta semana están saliendo de la Corte Suprema dicen lo contrario. Ahí está nuestra tranquilidad», expresó el abogado rancagüino Marcelo Figueroa, representante del sargento Machuca.
Figueroa aludió así a un fallo del máximo tribunal del país que declaró legalmente procedente lo obrado en la causa del tribunal laboral de Rancagua que acreditó la discriminación sufrida por el ex soldado de la Brigada de Aviación del Ejército, César Ilufi, quien ganó el juicio y una indemnización tras tomar el mismo camino que Machuca. «Nosotros hemos tenido comandantes declarando ante el magistrado y no se entiende por qué aquí el comandante Larrañaga está exento de esto», explicó Figueroa.
La representación del ex comando Machuca estaría evaluando recurrir incluso al Tribunal Constitucional para acceder a las actas de la junta secreta de la Armada involucrada en el presunto acto arbitrario.
Este fue un camino que el Consejo para la Transparencia no siguió cuando la Corte Suprema borró con el codo lo resuelto en 2014 por ese ente, que acogió un amparo por denegación de acceso a la información presentado por el sargento segundo Andrés Pérez Terán, de dotación del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada, que buscaba conseguir copia de las actas de las juntas de Selección y Apelación correspondientes al período calificatorio 2012-2013.
«A diferencia de otras ramas de las Fuerzas Armadas, los marinos no tienen acceso a documentación referente a su desvinculación. Casi toda ella es secreta y no la quieren mostrar. Al negarlo, el juez me da la opción, y casi la obligación, de tener que reclamar. Un marino necesita leer toda esa documentación para ver cómo fue discriminado y por qué otras personas con peores antecedentes siguieron trabajando», explicó Figueroa.
Al igual que su cliente, Figueroa se mostró optimista. «Estamos recién comenzando. Al igual que el otro juicio (del caso Ilufi) esto puede demorar de seis meses a un año, pero nos va a ir bien», adelantó.
