Alberto Precht, director de Chile Transparente: «La forma de cuidar al Estado es fiscalizándolo»
Alberto Precht, director ejecutivo del capítulo chileno de la ONG Transparencia Internacional, visitó los estudios de El Ciudadano para efectuar un diagnóstico de la situación de libertad de acceso a la información pública en nuestro país.
El abogado comentó un reciente fallo de la Corte Suprema que, dando la razón a Carabineros, actuó de oficio para ocultar los nombres de diversos escoltas presidenciales que trabajaron en La Moneda entre los años 1998 y 2000, argumentando que su publicidad afectaría la seguridad de la nación.
Los antecedentes fueron solicitados por El Ciudadano en el contexto de una investigación periodística que dio origen al reportaje «Caso Matute: Los secretos del edecán de Bachelet«, el cual reveló diversas acusaciones dirigidas en contra del entonces coronel y edecán de Carabineros, Rafael Rojas Agurto – ascendido este año a general de Educación y Doctrina institucional – en un expediente judicial por narcotráfico.
En una columna para El Mostrador que se publicó en abril, Precht sostuvo que la decisión del máximo tribunal del país dio un «giro copernicano en materia de acceso a la información», al señalar que «no es necesario que el órgano público deba acreditar en forma específica la afectación a uno de los cuatro bienes jurídicos establecidos en el Art. 8º de la Constitución».
En palabras simples, la Suprema dictaminó que la explicación de Carabineros sobre un presunto riesgo a la seguridad nacional no necesitaba justificación, sino que se bastaba a sí misma. La sentencia, en opinión de Precht, «desconoce obligaciones internacionales, leyes vigentes y, sobre todo, vulnera un derecho esencial para una sociedad democrática«.
En conversación con este medio, el director de Chile Transparente recordó que el recurso de queja – vía utilizada por Carabineros para impugnar lo decidido por el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones de Santiago, ambos a favor de revelar la identidad de los escoltas – no está contemplado como instancia válida en el proceso de acceso a la información. «Por la vía de la queja se está vulnerando el derecho de acceso», indicó.
«Si uno fuera estricto con esta interpretación de la Corte Suprema volvemos al estado en que Chile estaba anterior al año 2008… Hoy día lo que está haciendo por lo menos Carabineros – yo ya conozco tres casos en que argumenta de la misma forma, basándose en esta sentencia – es decir que la solicitud de esta información vulnera la seguridad nacional. Entonces basta con esa negación para decir que la información no es pública, y la verdad es que eso afecta todo el espíritu de este sistema de acceso a la información», explicó.
Precht afirmó que en «un caso parecido, una investigadora de un importante centro de pensamiento, para ver temas de pobreza y de seguridad en La Araucanía, pidió el número de Carabineros por comuna… dato absolutamente relevante para la ciudadanía, para poder hacer control social de la política pública y de cómo están invertidos los recursos, y se le deniega por la misma situación. Entonces yo me pregunto, si el día de mañana yo quiero saber si existe desigualdad en la dotación pública de Carabineros de Lo Barnechea y Vitacura respecto a La Pintana, o la forma en que se gasta el presupuesto, ¿no lo puedo saber?»
El jurista señaló que también se incumplieron resoluciones de un tribunal internacional cuando el Ministerio de Defensa negó las actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) – ente asesor presidencial instaurado en dictadura, y que integran miembros de los tres poderes del Estado y las Fuerzas Armadas -, desde 1989 hasta 2012, tal como requiriera la periodista Catalina Gaete el año pasado.
Recordemos que en la década de los ’90, Chile fue demandado y condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con el derecho de acceso a la información. En esa oportunidad, el economista Marcel Claude pidió antecedentes del proyecto forestal Trillium al Comité de Inversiones Extranjeras, encontrando oídos sordos en ese servicio.
«Todo lo que hace el Estado, un municipio, un ministerio, la Presidenta de la República, Carabineros, es hecho con recursos públicos, es decir, con tus impuestos, con mis impuestos, con todo a nuestro haber. Y es por eso que los dueños de esa información que se produce no es el Estado, no es la burocracia, sino que todos los ciudadanos», afirmó Precht.
Cabe señalar que en otro caso relacionado con Carabineros, el máximo jefe de la institución, Bruno Villalobos, pidió censurar sus declaraciones de patrimonio e intereses a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto ocurrió luego de que el Consejo para la Transparencia acogiera un reclamo presentado por El Ciudadano tras la negativa del general a revelar detalles de los inmuebles que posee.
