Las cuatro acusaciones que complican al prefecto de la PDI encargado de investigar los bombazos
Luis Sandoval Monteiro, ex mandamás de la Brigada de Homicidios de la PDI, logró integrarse al equipo multidisciplinario de policías que investigará la seguidilla de bombazos ocurridos este año en varios puntos de la capital.
Si en otra publicación informamos que el general escogido por Carabineros para encabezar las diligencias mantiene asuntos pendientes con la justicia por el caso de las escuchas telefónicas ilegales, la situación del prefecto oriundo de Collipulli no es diferente: en su currículum también encontramos elementos que permiten desafiar la proba imagen que de él se ha difundido en los medios de comunicación.
Caso 1: Sobreprecios
Estando a la cabeza del Grupo Especial de Bienes Robados (Gebro) durante el gobierno pasado, Sandoval emprendió viaje a Europa en compañía del entonces subdirector de la PDI, Juan Baeza Maturana, con el objeto de perfeccionar los equipos que disponía la institución. En la práctica, el paseo no arrojó resultados. La Subsecretaría de Prevención del Delito de Piñera manifestó su desazón.
Más tarde, Sandoval protagonizaría un verdadero escándalo de corrupción: la adquisición a sobreprecio del software “I2” de IBM por mil ciento diez millones de pesos. Pese a que todavía no es tocado por la judicatura, el Ministerio Público ya investiga paralelamente a su colega, el actual subdirector administrativo de la PDI, Leonardo Acuña Vilches, por malversación de fondos en licitaciones de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional que se remontan a 2007.
Caso 2: Conflicto de intereses
El 8 de diciembre de 2010, un total de 81 internos de la cárcel de San Miguel fueron consumidos por las llamas. En el lugar se constituyó Sandoval, a la cabeza de la Brigada de Homicidios, y su esposa Soraya Bilbao Opazo, quien a la fecha ejercía como jefa metropolitana subrogante de Gendarmería.
Vislumbrando una potencial responsabilidad de su mujer, y en vez de inhabilitarse para conocer los hechos, el prefecto puso al equipo que investigaba el caso bajo su total control. Dichos detectives, por instrucciones expresas, debían informar cualquier detalle que afectara a su cónyuge u oficiales cercanos a ella.
Este episodio fue conocido por el director general Marcos Vásquez Meza y el ahora ex subdirector Juan Baeza Maturana, quienes lejos de cuestionar el vínculo entre Sandoval y la coronel Bilbao Opazo – que se acogió a retiro en 2012 – avalaron tal situación.
Caso 3: Obstrucción de investigaciones
Para nadie es un misterio que Sandoval mantiene poca o nula afinidad con el personal a su cargo. Entre los policías circula actualmente un “meme” que hace burla de su acento y forma de vestir. Pero más allá de lo anecdótico, el prefecto al que apodan ‘Colacha’ (desde los tiempos en que cargaba las colaciones de otros detectives) o ‘Chupalla’ (por su comentado gusto por el trago), ha estado en el centro de incidentes que podrían ser interpretados como obstrucciones al buen desempeño de otros funcionarios.
Es así el caso del subprefecto Benjamín Cerda Barake, quien no aguantó más y renunció a la institución tras ser objeto de insultos, amenazas y garabateos de Luis Sandoval tras detener a unos sujetos por microtráfico en la Bicrim La Cisterna. En ese momento hubo prohibición expresa de informar el asunto a la prensa.
Otra preocupante situación es la que vive el subprefecto Gilberto Opazo, víctima de un viciado proceso administrativo que empezó cuando trató de “mentiroso” a Sandoval. Opazo, diligente policía que investigó los casos coimas y la desaparición del empresario Luis Francisco Yuraszeck, había comenzado a “pisar callos” tras la reapertura del caso de la muerte del senador Jaime Guzmán Errázuriz, cuya autoría intelectual no ha sido esclarecida judicialmente.
Caso 4: Falso testimonio
A los pocos días de ocurrido el incendio en la Cárcel de San Miguel, Luis Sandoval continuó con sus fechorías al declarar hechos falsos en uno de los juicios más importantes desde que partió la Reforma Procesal Penal: el seguido contra María del Pilar Pérez López.
En la audiencia el prefecto Sandoval se desligó de toda responsabilidad por haber sindicado al anciano de 75 años, Claudio Soza Zamorano, y no al sicario de “La Quintrala”, José Ruz Rodríguez, como el autor del doble homicidio de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo.
Sandoval declaró que sus detectives de la Brigada de Homicidios habían recibido instrucciones del fiscal Patricio Caroca para no darle cuenta de los procedimientos llevados a efecto. Pero es falso que los funcionarios hayan recibido esa orden. Basta tener a la vista la Minuta Reservada S/N°, emitida por el Subcomisario Mauricio Lara, el 08.FEB.2011, en respuesta a la Providencia Reservada N° 14, del 07.FEB.2011, del entonces jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.
