Contraloría auditará acuerdo entre Codelco y SQM tras denuncias de parlamentarios

La Contraloría General de la República tomó la decisión de activar sus potestades fiscalizadoras para despejar dudas sobre la legalidad de los procedimientos y contratos vinculados al pacto alcanzado entre la cuprífera estatal Codelco y la empresa del exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, en torno a la explotación de litio.

Sin embargo, este actuar será limitado, ya que la entidad no emitirá pronunciamiento sobre algunas alegaciones planteadas por miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados que fueron llevadas a tribunales, en cuya instancia se ordenó la abstención del organismo.

Entre los cuestionamientos al acuerdo se encontraba la supuesta falta de autorización de Codelco y CORFO para suscribirlo -materia que ya fue zanjada por la justicia en cuanto a validar dichas actuaciones-, la omisión de llamado a licitación pública y eventual pérdida de beneficios por concurrir a un trato directo, la presunta vulneración del Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena -observación que fue desestimada por la Corte Suprema-, y la posible inhabilidad de SQM para contratar con el Fisco a pesar de mantener juicios pendientes.

Sobre este último punto, la Contraloría manifestó en un oficio que «el legislador reguló de manera minuciosa las inhabilidades para contratar con la Administración, y no incluye actualmente como una inhabilidad la existencia de litigios pendientes con la entidad contratante», no advirtiendo así impedimento legal para que Codelco haya celebrado «contratos con una empresa que se halle en tal supuesto».

El documento precisa que, en todo lo demás, y muy particularmente el informe evacuado por la comisión investigadora del Congreso, llevará a cabo una auditoría para confirmar o descartar la existencia de irregularidades.

Uno de los temas que sí formarán parte de la revisión es la firma y «cumplimiento del contrato de asesoría entre Codelco y el Banco de Inversiones Morgan Stanley», expone el documento, cuyas copias fueron remitidas a las carteras de Minería y Economía.