En Chile:

Mayor (r) de Carabineros involucra a “políticos” en caso Matute

El oficial en retiro de Carabineros que participó en la investigación del crimen de Jorge Matute Johns, Andrés Ovalle, se refirió al inminente cierre del caso por la ministra en visita Carola Rivas. La magistrado formuló una tercera hipótesis que plantea que “Coke” fue drogado con pentobarbital para abusar sexualmente de él por un desconocido que estaría muerto.

La versión no ha convencido del todo al hermano de la víctima, Álex Matute. “Que haya tanto sospechosos a priori me hace pensar que los hechos tampoco están tan claros como ha salido a la luz pública. Por ende, esta teoría tiene mucho ripio”, señaló, toda vez que no se ha podido demostrar por confesión ni pruebas científicas la participación del supuesto hechor, cuya identidad sigue siendo anónima.

En el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, el ex mayor Ovalle insistió en que la madrugada del 20 de noviembre de 1999 en la discoteque La Cucaracha hubo una entrega de drogas a “figuras influyentes que se encontraban ahí, específicamente políticos”.

“Esta droga era entregada por una red de protección policial al traficante”, precisó el ex uniformado, señalando que llegó a esa conclusión tras recibir nuevos antecedentes con posterioridad a abandonar la institución, al ser contactado por miembros activos de Carabineros.

Ovalle reiteró la importancia del testimonio de Gerardo Roa, amigo de Jorge Matute, cuyo mérito no fue valorado por la ministra Carola Rivas en el video del Poder Judicial que utilizó para explicar su trabajo en el proceso (ver más abajo).

“Hicimos una especie de reconstitución en lo que quedaba del local, y él (Roa) ve a tres o cuatro guardias, más uno que daba las órdenes, que tenían a una persona (con las vestimentas de “Coke”) en estado inconsciente o de ebriedad”, afirmó.

Además, el ex uniformado recordó que la justicia chilena demoró más de 10 años en mandar nuevamente a Estados Unidos las muestras de sangre que fueron levantadas por Labocar en La Cucaracha, luego que el FBI diera cuenta en noviembre de 2002 que la perito Jacqueline Blake, encargada del examen, estaba siendo acusada de falsificar más de 100 informes de ADN en ese país.

Fue producto de ese antecedente que la ministra Rivas solicitó rehacer la diligencia en 2015, no resultando positivo el hallazgo de ADN de Matute.

En opinión de Ovalle, considerando el rompimiento de la cadena de custodia que él acusa por parte del Alto Mando de Carabineros y el procedimiento irregular denunciado por el mismo FBI, no se puede descartar que haya existido manipulación posterior de la evidencia.

La tesis con la que Rivas cerraría el caso

El descubrimiento de un expediente olvidado en el cuartel de la PDI de Concepción dio un vuelco a la pesquisa de la ministra Carola Rivas, luego que el verano de 2015 un perito español descubriera un barbitúrico en los restos del universitario de Villa Spring Hill.

La carpeta, denominada “Hoja de Parra”, fue elaborada a pocos días de la desaparición de Matute por el entonces subcomisario de la PDI Carlos Stuardo, quien siguió la denominada “pista sexual” e infiltró, según sus palabras, el mundo nocturno gay de la época.

Así habría podido establecer la identidad de los supuestos agresores sexuales que hacían dormir a sus víctimas en La Cucaracha para acceder carnalmente a ellas. Rivas afinó la lista de sospechosos con la ayuda de un equipo de la Brigada de Homicidios Metropolitana, determinando que algunos de ellos habían muerto.

La línea de investigación de Stuardo contradice las teorías del mayor Ovalle y el comisario de la PDI Héctor Arenas. En la primera, que nunca derivó en procesamientos, se inculpó a los guardias y al regente del local, Bruno Betanzo, quien falleció en Egipto en 2017. En la segunda se acusó a siete jóvenes, quienes fueron detenidos e incomunicados por la magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, Flora Sepúlveda.

Para Rivas tampoco existiría nexo entre el caso Matute y la causa del denominado cartel de Coronel o del Carbón, donde se mencionó a políticos como consumidores de droga proveída por un traficante apodado “Mañungo”.