Denuncian incumplimiento del Estado chileno a tratados de DDHH

El pasado 3 de mayo, una delegación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos en Chile (AFEP) se reunió en Valparaíso con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, para entregar un pliego de exigencias y demandas que, por más de 43 años, no han sido atendidas por el Estado.

En representación de la Coordinación Nacional de Agrupaciones, Eduardo Morris, de la AFEP porteña, sostuvo, en carta dirigida al parlamentario socialista, que nuestro país “no cumple con los Tratados, Convenciones, Protocolos Facultativos, Convenios y Resoluciones Internacionales sobre Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado”, ni con las “recomendaciones ni Sentencias de la Corte Interamericana de Justicia”.

“Si el Estado, cuyos agentes cometieron crímenes de Lesa Humanidad, no asume su responsabilidad, honrando los Instrumentos del Derecho Internacional Humanitario que son obligatorios y en su aplicación tienen primacía por sobre la legislación nacional, nuestra sociedad continuará enferma, con sus heridas que laceran lo más profundo de su ser social”, plantearon.

Esta situación, agregaron, “impide avanzar en la construcción de la Memoria Histórica, en el establecimiento de la Verdad íntegra, en la aplicación de la Justicia plena y en una Reparación suficiente y digna”, imponiéndose, en lugar de ello, “el Olvido, el Silencio, la Mentira, la Impunidad y la no Reparación Integral”, favoreciendo la impunidad y el riesgo de que se repita el genocidio.

Tras la audiencia, los familiares de ejecutados políticos valoraron la sensibilidad del diputado Espinoza, cuyo padre fue asesinado por efectivos de Carabineros en diciembre de 1973, a escasos meses del golpe, en la ciudad de Frutillar.

Las demandas de la coordinadora son las siguientes:

1º Apoyo al Proyecto de Ley que declara la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley Nº 2191 de 1978. Boletín 4162-07, presentado al Senado el 21 de abril de 2006. Proyecto generado en una Mesa de trabajo que incluyó a Senadores, abogados de DDHH, a nuestra Agrupación y diversas organizaciones de DDHH.

2º Demandamos la aprobación del Proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por sus responsabilidades en causas de violaciones de derechos humanos. Este proyecto ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en la actualidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de la República.

3º Aprobación del Proyecto de Ley que tipifica la Desaparición Forzada de Personas como Crimen contra la Humanidad. Actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

4º Apoyo del Ejecutivo del Proyecto de Ley interpretativa que adecúa la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Boletín 3345-07, presentado en la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2003. Tener en cuenta el principio jurídico de autoejecutabilidad al respecto.

5º Que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.

6º Que el Consejo de Defensa del Estado ponga fin a su accionar contrario al derecho que le asiste a las víctimas y a sus familiares a ser reparados por el Fisco. Analizar la posibilidad de establecerlo por Ley.

7º Ampliar las facultades del INDH, permitiendo que este pueda querellarse en casos de los delitos de prisión política y tortura.

8º Demandamos que los procesos radicados en los Tribunales de Justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas.

9º Insistir con un Proyecto de Ley que elimine el Secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanado de la Comisión de Prisión Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del período de la dictadura cívico-militar.

10º Demandamos que se reabra y mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

11º Demandamos el reforzamiento por Ley de las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos.

12º Terminar por Ley la situación de impunidad y ocultamiento de información que aún mantiene la Colonia Dignidad, tomando medidas concretas que terminen con el manto de protección a este enclave.

13º En el plano educacional, la asignatura de derechos humanos debe ser incorporada a la malla curricular, en los distintos niveles de educación formal.

14º Determinar por Ley la degradación y el término de los beneficios para todos los funcionarios de las FFAA y de Orden que sean acusados como violadores de los DDHH.

15º Terminar con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta Peuco.

16º Fortalecer la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones, reincorporando al mando de ella a funcionarios de probada trayectoria y eficacia e impedir que se les distraiga o destine a la investigación de delitos comunes.

17º Establecer por ley la elaboración de una lista pública de los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos responsables de delitos de lesa humanidad.