En Chile:

Aysén: La extraña muerte de Víctor Hugo Barría lleva 19 años sin respuesta

En el más desolador congelamiento se encuentra la investigación por la muerte, ocurrida hace casi 20 años, de Víctor Hugo Barría Mardones, joven radicado en Puerto Aysén que dejó su hogar para compartir con amigos la noche del 11 de marzo de 1997, feliz por el resultado de los trámites que hacía para cursar la educación superior en Temuco. A la mañana siguiente apareció flotando en el río que flecha el corazón de la ciudad austral.

La semana pasada, su madre, hija y sobrina, en compañía de otros ciudadanos aiseninos, recordaron junto al memorial de los jóvenes del “Caso Aysén” la dramática noticia que recibiera la familia por radio, informando el hallazgo de un cadáver en el agua, con sus documentos y distintivos bluejeans, chaqueta y zapatos café.

Carlos Klapp, oficiando de juez del crimen, debía ordenar el levantamiento del occiso. No obstante, como declaró a la justicia Guido Jaramillo, tío de Víctor Hugo, el magistrado no llegó ese día a trabajar. Vox populi eran, para aquel entonces, las parrandas de Klapp en locales nocturnos donde bebía alcohol hasta quedar “botado” en la calle.

Klapp determinó que Víctor se había “suicidado”. Sin embargo, pronto surgieron testigos que “revolvieron el gallinero” al jurista proveniente de Concepción: además de otra mujer, que también fue encontrada sin vida el río meses más tarde, Félix Haro dijo haber visto a carabineros perseguir al joven mientras corría hacia la Ribera Sur de Aysén, siendo interceptado e ingresado a un vehículo policial.

“En qué cabeza caía que él se iba a matar. Lo que más quería era estudiar, salir adelante. Nunca se quiso quitar la vida. Desde el momento que lo empezamos a velar acá en la casa, todo el mundo empezó a comentar que carabineros lo habían muerto”, dijo Gladys Mardones, mamá de Victor Hugo, en conversación con este autor.

Cuando las características del caso presentaron similitudes con los extraños fallecimientos de Leandro Morales Pérez, Juan Carlos Machuca, Roberto Lagos Flores, Fabián Díaz Nahuelquín, Paulina Gómez Gómez y otros hijos de hogares sedientos de justicia, una querella se presentó, con el apoyo del ahora diputado Hugo Gutiérrez y el abogado de derechos humanos Cristián Cruz, una socióloga proveniente de Santiago, que recabó información de testigos, y la Iglesia, a través del obispo Luis Infanti.

La ministra en visita nombrada para indagar las muertes fue Alicia Araneda, integrante de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que meses antes había elogiado los “impecables” fallos de Klapp, refiriéndose a él como “el mejor juez” de la región, pese al destape de una serie de fotografías, capturadas por un proxeneta vinculado al tráfico de drogas, que lo mostraban compartiendo desnudo con prostitutas en un entorno prácticamente al borde de lo delictual, según fuera denunciado ante el Comité de Ética de la Corte Suprema.

“Siempre a los testigos, ella (Araneda) hacía que cambiaran la versión. Una testigo nos contó algo como a cinco personas y la ministra le preguntó ‘¿no sería en otra oportunidad?’, y ella le dijo que sí, entonces se retractó. Lo más doloroso fue cuando exhumaron el cuerpo. Le pregunté si podía estar mi hija presente, y me lo negó. Me dijo ‘esto no es un show’”, relató Mardones.

Pese a los cuestionamientos, Araneda siguió su camino. Llegó a las mismas conclusiones de Klapp y archivó el expediente. La descripción más exacta es que lo sobreseyó temporalmente, es decir, en la actualidad puede ser reabierto si el tribunal recibe nuevos y mejores antecedentes para proseguir la investigación, sobre todo si ello apunta a la intervención de terceros, como siempre se sospechó.

Lo que en septiembre de 2014 molestó en demasía a los familiares de Víctor Hugo Barría fueron las declaraciones emitidas por la ministra Araneda a un medio regional, quien, respondiendo a una pregunta ciudadana, planteó que todos los procesos que ella había investigado estaban “cerrados”.

Las críticas no han sido suficientes para removerla del puesto que mantiene en el tribunal de alzada coyhaiquino, instancia que comparte con su colega Sergio Mora Vallejos, amigo de un empresario sospechoso de tráfico de drogas investigado en el proceso macro del “Caso Aysén”, cuya implicancia nunca logró ser demostrada judicialmente por Araneda ni pesquisada a fondo por el Consejo de Defensa del Estado.

Cabe mencionar además que el CDE regional está encabezado por Carlo Montti Merino, abogado que representa en causas privadas al mismo hombre de negocios y que nunca se inhabilitó para intervenir en las causas donde él aparecía mencionado, una de las cuales desapareció luego de los consecutivos incendios que afectaron a los tribunales de Coyhaique en 2002.