Posible giro en La Haya: ¿responderá EEUU por crímenes de guerra en Afganistán?
Según el periodista y académico David Bosco, de Foreign Policy, la Corte Penal Internacional estaría lista para iniciar una investigación completa sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán por funcionarios del gobierno estadounidense, publica el sitio web Global Research.
Aunque el tribunal de La Haya fue creado en julio de 2002 con el mandato de perseguir a individuos por genocidio y agresiones bélicas injustificadas, en la actualidad «funciona meramente como una herramienta imperial, apoya a intereses poderosos y ataca a estados independientes a los que Washington y otras naciones occidentales se oponen», escribe Stephen Lendman.
Eso podría cambiar si la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda decide, tal como indican las fuentes de Bosco, abrir un proceso formal contra agentes norteamericanos «antes de fin de año».
«El 7 de octubre de 2001, fuerzas de la OTAN dirigidas por EEUU atacaron sin causa alguna Afganistán, menos de cuatro semanas después del 11-S… Ninguna autoridad militar o de gobierno enfrentó cargos por crímenes de la gravedad de Nuremberg», recuerda Lendman.
Lamentablemente, desde el año 2002 rige en EEUU la American Service Members’ Protection Act, que «protege a personal militar de Estados Unidos y a funcionarios designados del gobierno de Estados Unicos contra la persecución criminal de una corte internacional de la que Estados Unidos no es partícipe».
El cuerpo legal faculta al presidente a usar «todos los medios necesarios y apropiados para conseguir la liberación de cualquier funcionario de EEUU o aliado siendo detenido o puesto en prisión por, en nombre de, o a requerimiento de la Corte Penal Internacional».
De esta manera se impide la extradición de cualquier persona desde EEUU, siguiendo al pie de la letra los deseos que en noviembre de 2000 manifestaran, a través de una carta abierta, Henry Kissinger, George Shultz, Zbigniew Brzezinki, el ex director de la CIA Richard Helms y otras figuras de la política estadounidense, en orden a colocar «la seguridad de nuestro personal militar fuera del alcance de un fiscal internacional no responsable operando bajo procedimientos inconsistentes con nuestra Constitución».
Kissinger participó en la iniciativa – apoyada en el Senado por la candidata demócrata Hillary Clinton – de forma interesada, si se toman en cuenta las atrocidades realizadas por él en Chile y Camboya. Lo mismo Brzezinski, el cual consigió que Jimmy Carter firmara una orden secreta para ayudar a los muyahidines que posteriormente mutaron en Al Qaeda, con el objeto de echar al gobierno pro-soviético de Kabul.
Helms, por su parte, orquestó a través de la CIA el Programa Phoenix en Vietnam, una operación de asesinatos que arrebató miles de vidas.
