PDI recurre a la justicia para ocultar informes de equipo cuestionado en caso Matute
El hallazgo de barbitúricos en el cuerpo del universitario Jorge Matute Johns cambió sin dudas el rumbo de la investigación a cargo de la ministra Carola Rivas. La posibilidad de un secuestro del estudiante de ingeniería forestal, sumado a la sospecha de que no murió inmediatamente, volvió a plantear dudas sobre la hipótesis que al respecto manejaba el ex comisario de la PDI, Héctor Arenas, hoy en la mira de la propia justicia penquista frente a una pregunta que no deja de circular en la prensa: ¿hubo simples errores en el caso o existió obstrucción de agentes del Estado?
Arenas, el investigador que concluyó que a Coke lo había golpeado un grupo de jóvenes en el exterior de la discoteque La Cucaracha – mismos agresores que lo habrían ido a «botar» sin vida al camino a Santa Juana a eso de las 02:30 horas del 20 de noviembre de 1999, para luego regresar al local y «montar» un altercado que distrajera la atención de los presentes – no sólo ha enfrentado cuestionamientos en el caso Matute, sino también en las pesquisas del caso Hans Pozo (donde fue sumariado), y en aquellas que inculparon a Ema Pinto como la supuesta homicida de la asesora de la vivienda, Marcela Casanueva.
El año pasado, Verdad Ahora solicitó a la PDI una copia del ejemplar de la Colección Histórica de la Jefatura Nacional de Homicidios en donde aparece reseñada la labor que desempeñó el prefecto en retiro Héctor Arenas, y un ex colega actualmente destinado a la ciudad de Concepción, Jorge Abate, en el enigma del macabro crimen que a posteriori derivó en el trágico suicidio de Ema Pinto, cuando alegaba su inocencia desde la cárcel.
El acceso al libro que ensalzaba los informes de Arenas en el proceso de Marcela Casanueva fue denegado en primer término por la institución. Respondiendo a un amparo presentado por este medio al Consejo para la Transparencia, la Jefatura Jurídica de la PDI señaló que no correspondía someter a fiscalización lo obrado por el equipo investigador de Arenas, por cuanto se trataba de documentos judiciales protegidos por el «secreto de sumario». No obstante eso, el CPLT acogió la queja de Verdad Ahora, concluyendo que la causa de Ema Pinto está inactiva, y que por tanto no existe causal para reservar un libro de naturaleza pública, que por lo demás se financió con recursos fiscales.
«Desde el momento que la información solicitada se encuentra contenida en una colección elaborada con el objeto de constituir ‘testimonio gráfico y escrito criminológico’ de ‘los casos policiales más relevantes de la historia policial chilena’, según informa la reclamada (la PDI) en su sitio web, es de la esencia de esa recopilación ser objeto de consulta, y, por tanto, las alegaciones relativas a la reserva de la información solicitada resultan inconsistentes con el soporte en que ésta se contiene», falló contundentemente el organismo encabezado por el abogado Jorge Jaraquemada.
Con la intención de impugnar la decisión tomada por el CPLT, y para la sorpresa de este medio de comunicación, la jefa jurídica de Investigaciones, Rosana Pajarito Hernández, optó por presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Talca a objeto de insistir en la reserva de los documentos solicitados y evitar – aparentemente – cualquier precedente que pueda afectar a la institución para un eventual escrutinio de investigaciones policiales cuestionadas ante la opinión pública, en el escenario que actualmente impone el caso Matute.
En un escrito de fecha 28 de enero de 2015, informado el día de hoy a Verdad Ahora, Pajarito blindó al comisario Arenas señalando que «esta Institución se encuentra impedida de interpretar la vigencia o temporalidad de la prohibición legal contenida en el artículo 74 bis B) del Código de Procedimiento Penal» sobre el secreto de las actuaciones judiciales, y que por tanto no es válido suponer, para el caso de Ema Pinto, lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales que determina que «los actos de tribunales son públicos», pese a tratarse de una causa formalmente afinada.
«De Matute nada»
Cuando en 1999 el entonces comisario Héctor Arenas llevó a Concepción al detective Jorge Abate para investigar la presunta desgracia de Jorge Matute Johns, lo sacó de la Brigada de Homicidios de Santiago y lo dejó instalado en la Región del Biobío. Si se decretaba la reapertura del sumario, aun ausente, Arenas podría continuar inyectando su bullada hipótesis en el proceso. Y es lo que ocurrió.
Una vez reabierto el caso Matute a finales de 2013, la persona que por defecto quedó a cargo de las diligencias de la policía civil fue Abate, el mismo policía que había puesto su firma en los informes contra los ‘jóvenes procesados’, descartando así la arista del tráfico de drogas, Bruno Betanzo y carabineros corruptos en el voluminoso expediente.
“Si hubiéramos pensado en el narcotráfico, probablemente todavía estaríamos decomisando drogas, encontrando personas ligadas a esa área, descubriríamos una intrincada red de personas influyentes asociadas ilícitamente, financistas e intermediarios de poca monta, pero de Matute nada”, escribió Arenas en 2001, secundado por Abate.
Otro informe de la dupla hoy cuestionada había descartado cualquier vinculación entre el caso Matute y la muerte del cabo Martínez, llegando a catalogar el nexo como una “estupidez”. El documento firmado por el ahora subcomisario Abate manifestaba: “Probablemente las variables de policías corruptos y los narcotraficantes hubiesen aparecido, porque está educado que la gente piense de esa manera, aun cuando las estadísticas demuestren lo contrario”.
En octubre del año pasado, con el objeto de evitar un sesgo, la ministra Carola Rivas decidió reestructurar completamente su equipo: apartó así, en completo silencio, a Jorge Abate, la cara visible de Arenas, logrando avanzar en la práctica lo que otros tres magistrados no pudieron.
