Los cabos sueltos del caso Nabila Rifo
Las denuncias por eventuales irregularidades en la investigación del cobarde ataque a Nabila Rifo han llevado a abrir un expediente contra el fiscal regional de Aysén. La retractación de un testigo, el supuesto amedrentamiento de policías, la incorrecta manipulación de evidencias y una arista que alcanza a locales nocturnos, enturbian un proceso en el que se empieza a sospechar que el verdadero autor, si existe otro, goza de plena de libertad.
«Dicho en patagón: los árboles no dejan ver el bosque», fue el misil que lanzó al Ministerio Público el defensor regional de Aysén Fernando Acuña, durante la revisión de la prisión preventiva que el Juzgado de Garantía de Coyhaique impuso, con la posterior ratificación de la Corte de esa ciudad, al mecánico Mauricio Ortega, único imputado en el caso de la brutal agresión que recibió la madrugada del 14 de mayo de este año su pareja Nabila Rifo, quien perdió ambos globos oculares.
La macabra historia que empezó alrededor de las 6:00 horas con el llamado telefónico de un adolescente al 133, relatando cómo un hombre vestido de negro, alto y delgado, atacaba a una mujer en la intersección de calles Lautaro y Monreal, ya se convirtió en una piedra en el zapato para el fiscal regional de Aysén Pedro Salgado.
El martes recién pasado, el persecutor jefe de Coyhaique, Luis González, elevó un requerimiento al tribunal para extender los plazos de investigación contra Ortega, los cuales vencían esta semana.
Ocho días después de la cobarde agresión contra Rifo, el fiscal Salgado mostró sus cartas y formalizó al conviviente de la mujer como supuesto autor del delito de femicidio frustrado. Para ello se apoyó en el testimonio de otro menor de edad de 14 años, quien declaró haber visto a un sujeto presuntamente coincidente con la descripción de Mauricio Ortega, de estatura baja y contextura gruesa, acechando a Nabila en la vía pública.
Previo al testimonio que la víctima prestó en la carpeta en julio tras los innumerables viajes de Salgado a la ex Posta Central de Santiago, ese testigo, al que señalaremos con la inicial «P», era el único que apuntaba con dedo acusador a Ortega. Como observó la Defensoría en las audiencias públicas, los otros dos declarantes, el joven que alertó a Carabineros y una amiga que lo acompañaba esa noche, describieron claramente a una persona de oscuros ropajes que huyó en sentido contrario al domicilio de la familia.
Según cercanos con los que ingería alcohol desde las 8 de la tarde junto a Nabila, Mauricio vestía, casi media hora antes de los hechos y en completo estado de ebriedad, una polera celeste con vistosa marca Adidas, y un pantalón verde.
EL TESTIGO QUE NO ERA
El primer indicio que levantó dudas sobre la credibilidad de «P» es que sólo comentó lo que supuestamente vio cuando un reportero de Chilevisión le puso un micrófono. La abuela del menor admitió más tarde a un equipo de peritos de SAV Forense dirigido por Francisco Pulgar, que «P» mintió para figurar en las noticias. La tutora dijo que esa información (la retractación de su nieto, quien asiste a una escuela especial), la había entregado a la policía el 17 de mayo, un día antes de la formulación de cargos contra Ortega.
«Los señalamientos de su abuela, en el sentido de que él mintió y que estaba durmiendo hasta las 10 de la mañana… fue un dato que tuvo la policía un día antes de la formalización», destacó la defensora pública Ximena Gutiérrez.
Este antecedente, sumado a las versiones contrapuestas en la descripción del sospechoso, comenzó a resquebrajar la envoltura de un caso que mediática y socialmente había sido abordado sin espacio a dudas como la obra enferma de un maltratador de mujeres, en el contexto de la violencia de género que tantas vidas ha arrebatado en Chile.
Vino, sobre todo, a desordenar la estrategia de la Fiscalía, tomando en cuenta que el juez Mario Devaud había hecho suyo el testimonio de «P» para presumir en primera instancia la responsabilidad del imputado, disponiendo así la privación de su libertad.
Sin embargo, el magistrado ya se había molestado con otro hecho, denunciado por Gendarmería el 23 de mayo: dos funcionarios de Carabineros que formaban parte de la investigación del caso Nabila, el mayor Jorge Valdivia Correa y el jefe de la SIP de Aysén, habían visitado a Mauricio Ortega en la cárcel de Cochrane, sin contar con una orden expresa de la Fiscalía.
Según lo expuesto el día 27 de ese mes en el juzgado, por el defensor regional Acuña, Ortega manifestó que los policías intentaron obtener de él una confesión, que le exhibieron gráficos del lugar donde Nabila fue agredida y le preguntaron insistentemente por una pareja de colombianos. El fiscal Salgado confirmó que los uniformados se dejaron caer en el recinto sin su autorización, pero que, de acuerdo a la respuesta entregada por el mayor Valdivia, lo habían hecho para «verificar la condición» del interno.
Acompañando al persecutor regional, el fiscal jefe de Coyhaique Luis González intentó calmar las aguas, afirmando tajantemente que no se habían vulnerado los derechos de Ortega. Fue ahí cuando el juez Devaud manifestó textualmente: «eso lo vamos a ver, yo lo voy a decidir».
«La verdad es que voy a averiguar de dónde salió la orden para que Carabineros actuara en forma autónoma… de acuerdo a lo que menciona la defensa, hay una clara infracción de estos dos funcionarios», agregó.
Según fuentes policiales que hablaron con El Ciudadano, la SIP también fue cuestionada por entregar, a un medio de comunicación nacional, material audiovisual de un registro hecho sin previo visaje de la Fiscalía en el domicilio del inculpado.
HUELLAS EN LA LLAVE
Las dudas sobre el actuar de la policía uniformada se extienden al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Aysén, por el manejo de evidencias en el lugar donde Nabila fue brutalmente atacada. Particularmente respecto a un elemento que también fundó la resolución de la prisión preventiva de Mauricio Ortega por el juez Devaud, en conjunto con la declaración de «P»: una llave con mango negro que habría sido usada para dejar sin visión a la víctima.
Según el Ministerio Público, la Intendencia de Aysén y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), el agresor de Nabila usó este elemento y no otro para extraer sus ojos. Ello en base a informes que relativizaron el primer análisis practicado por un oftalmólogo que detectó la presencia de lesiones «ejecutadas por una persona con ciertos conocimientos de anatomía», con «un artefacto muy afilado» distinto a una llave, lo que de acuerdo a su opinión profesional era reflejado por la «ausencia de grandes hematomas y hemorragias asociadas a una acción tan cruenta».
Para los fiscales, el hallazgo de la llave a poca distancia del cuerpo de Nabila y la conexión de dicho elemento con el automóvil Suzuki rojo de Mauricio Ortega, llevaban a concluir, sin mayor miramiento, que el objeto había sido empleado por el imputado. Sin embargo, como deslizó el propio juez, para ello debía acreditarse más allá de toda duda razonable que el último en cargar la llave fuera el mecánico y no la víctima.
Según el relato de las personas que estuvieron presentes en la fiesta previa a la ocurrencia de los hechos, Ortega y la mujer efectivamente discutieron, pero sin llegar a la agresión física. A eso de las 5:00 horas, un amigo calmó a Ortega y se fumó unos cigarrillos con él afuera. En ese momento, Ortega intentó echar a andar su automóvil Suzuki, estacionado en el patio, sin tener éxito porque el vehículo de su padrastro le obstruyó el paso.
En la formalización del supuesto agresor, la Fiscalía sólo leyó esta parte del testimonio de Juan Mendoza, único del grupo que no bebió alcohol. Mendoza amplió su declaración el 20 de mayo y agregó que luego de intentar sacar el vehículo, el chapista «se devolvió donde nosotros estábamos, instante en el cual se le cae la llave del móvil al suelo. Yo la recojo y la dejo colgada específicamente en la parte trasera de la casa de don Eduardo (el padrastro de Mauricio), donde en la pared cuelgan las llaves».
En la revisión de cautelares, junto con descartar los dichos de «P», la Defensoría cuestionó que Carabineros haya manipulado y recogido sin guantes la llave del vehículo de Ortega en el sitio del suceso, porque hacía difícil determinar con certeza la identidad de la última persona que las tomó con un examen de huellas.
«Los funcionarios de Carabineros levantan esas llaves y presionan los contactos de la llave para verificar la existencia de un vehículo en los alrededores, y de esa manera, llegan al vehículo de mi representado», explicó la abogada Gutiérrez.
LA ARISTA NOCTURNA
Si existe una intención de omitir antecedentes en la investigación o ésta sólo se dirige negligentemente con «visión de túnel», como ha caracterizado el defensor regional de Aysén, es una pregunta que en Coyhaique alimenta rumores de toda índole. La mayoría apunta a la supuesta protección de actividades ilícitas cometidas en locales nocturnos de la ciudad, con el consiguiente temor de testigos (y presuntamente de la propia víctima) a declarar lo que saben.
El comentario de una eventual vinculación del caso con drogas y redes de prostitución se origina incluso en la boca de algunos funcionarios activos de la Policía de Investigaciones. Dicha institución no ha practicado diligencias en esta causa, ya que por disposición del Ministerio Público todas recaen de manera exclusiva en Carabineros.
Entre 2015 y 2016, luego de que acoger una denuncia en otra región del país, funcionarios de la PDI rastrearon a cinco ciudadanas colombianas que habían sido llevadas bajo engaño a Santiago de Chile, y más tarde a la Región de Aysén, para ejercer la prostitución. Dos de ellas reconocieron haber enfrentado problemas en Hong Kong luego de trabajar en un local nocturno investigado por narcotráfico.
En abril de este año, el Juzgado de Garantía de Coyhaique formalizó a la regente del bar coyhaiquino pesquisado por la PDI (denominando el operativo como «Operación Acapulco») por un delito de trata de personas. Posteriormente, la Fiscalía recalificó los hechos y consiguió una condena menor contra la administradora del establecimiento, acusándola de facilitar el comercio sexual.
Dicha mujer, que hoy goza de libertad vigilada y continúa administrando el cuestionado boliche, ha sido mencionada tangencialmente en la investigación que se sigue por la agresión contra Nabila Rifo. Se trata de una arista que parece no capturar mucho interés de los persecutores, sobre todo (se podría argumentar) porque potencialmente llegaría a tocar asuntos relacionados con la vida más íntima de la víctima, ya sometida a una sobre-exposición de la prensa.
En este sentido, desde la Defensoría han apuntado a cuestionar la tardanza en la tramitación de algunas diligencias que podrían exculpar al único sospechoso, como las supuestas amenazas que Nabila recibió por el acompañante de una mujer vinculada al ambiente nocturno, de acuerdo a lo referido por el propio Ortega.
EL EXPEDIENTE PARALELO
Otras eventuales irregularidades que los defensores han representado al tribunal han sido, entre otras, la no consignación de la entrega voluntaria de las vestimentas del imputado a las policías, como tampoco el examen corporal que se le practicó horas después de los hechos en busca de pruebas biológicas, como sangre de Nabila, que permitieran determinar su actuación en el delito.
Lo mismo se plantea respecto al nulo registro de las actuaciones de los fiscales en las visitas que efectuaron a la capital, donde se tomó contacto con la víctima.
También está pendiente indagar la supuesta llamada telefónica de Nabila Rifo a un pariente de Mauricio Ortega desde la ex Posta Central, donde ésta habría declarado la inocencia de su conviviente.
Es importante señalar que el conjunto de situaciones anómalas motivaron que el pasado mes, el defensor regional Fernando Acuña denunciara por supuesta obstrucción a la investigación al persecutor regional Pedro Salgado. La investigación fue asignada por Jorge Abbott a Eugenio Campos, fiscal de la Región de Magallanes, quien viajará a Coyhaique la próxima semana para agregar más hojas al expediente paralelo que inició.
El Ciudadano pidió una entrevista con el fiscal regional de Aysén para obtener una versión de los antecedentes aquí vertidos, sin embargo señalaron que sólo hablará del tema cuando se celebre una nueva audiencia. La más próxima está fijada para el martes 23 de agosto, donde discutirá con los intervinientes la posible ampliación de los plazos de investigación.
