Exclusivo: Se pierde investigación de Carabineros que vinculaba el caso Matute con drogas

El general de la Octava Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic, ordenó la instrucción de un sumario interno para esclarecer el destino de más de 600 fojas de una investigación que comprobó los nexos entre personal institucional y una red de tráfico de drogas mencionada en el caso Matute Johns.

El procedimiento se inició el pasado 31 de julio cuando el Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por Verdad Ahora y ordenó a Carabineros de Chile la entrega total de un sumario administrativo instruido casi un año después de la desaparición del estudiante Jorge Matute Johns, y que tuvo como principal sospechoso al jefe de la Dirección de Inteligencia penquista (Dipolcar), Jorge Caamaño Muñoz.

Frente a la solicitud realizada por este medio a través de la Ley de Transparencia (20.285), Carabineros originalmente rechazó entregar los documentos afirmando que éstos eran “secretos” por estar ligados al proceso penal abierto del caso Matute, un argumento que el CPLT desestimó en favor de Verdad Ahora.

Luego de sostener que había efectuado «una minuciosa revisión al archivo y expedientes instruidos en esta Repartición», sin que obraran «antecedentes respecto a la Investigación o Sumario Administrativo del hecho en cuestión», la Prefectura de Concepción amplió su explicación a la Inspección General de Carabineros, señalando el pasado 25 de julio que el expediente investigativo había sido incinerado según el Reglamento, pero que de ello no existía constancia.

En virtud de que las respuestas fueron cuestionadas por el CPLT, el mando institucional ordenó un nuevo Sumario Administrativo «con la finalidad de establecer fundadamente el paradero de la pieza investigativa administrativa por la que se consulta y/o acredite que ésta fue incinerada para, en este último evento, determinar por qué no existe un registro fidedigno, o una secuencia coherente, que permita a Carabineros de Chile acreditar ante terceros que fue destruida».

Los detalles de la investigación desaparecida

A mediados del año 2000, funcionarios del OS7 de Concepción detuvieron a Manuel Hernández Delgado (alias «Mañungo«), sindicado por su amante Susana Ramírez Valenzuela como el jefe de una banda de narcotráfico denominada el «cartel del Carbón», que contaba con la protección de otros carabineros. Fue el comienzo de esta historia.

El mismo departamento venía monitoreando hace seis años las actividades de Mañungo y su organización, integrada por «traficantes de otro estatus y poder». Al menos así lo aseguró en una declaración extrajudicial integrada al caso Matute el teniente de OS7 Jaime Guzmán Pons.

«Sólo estaba identificado Mañungo«, dijo Guzmán al comisario de la PDI Héctor Arenas, el 13 de abril del año 2001. «La Susana Ramírez me comentó que estando en la cama con Mañungo, sale en televisión un reportaje del caso Matute, entonces ella le comenta a él, ‘este pobre cabro cuando va a aparecer’, Mañungo le responde que ‘no va a aparecer’… al parecer le dice algo así como que ‘los otros cabros se encargaron de él'».

Al tenor de lo aportado por la informante, y en base de dos informes psicológicos que atribuyeron cierta credibilidad a su testimonio, la Prefectura de Concepción dispuso la realización de un sumario para establecer si existía personal de la Tercera Comisaría de Coronel o de otras reparticiones de la institución que prestaran colaboración al traficante. La investigación quedó a cargo del teniente coronel Juan Venegas Sánchez, quien procedió a confeccionar una nómina del personal de la región y a practicar una ronda de interrogatorios.

El día 2 de julio compareció el cabo Marco Martínez Sánchez, quien negó ser consumidor de drogas y, según declaró Susana, haber «visitado la casa de Mañungo«. Se rehusó a firmar su declaración, asegurando que el día próximo entregaría más antecedentes. Pero volver fue imposible para el cabo: apareció muerto a la mañana siguiente en Coronel, con un disparo en la cabeza. Previo a lo anterior había dicho a su familia que estaba a punto de esclarecer el caso Matute.

Tras la fatídica muerte de Martínez, el teniente coronel Venegas fue apartado de la investigación interna por supuestas negligencias. El sumario avanzó bajo otro fiscal y terminó exculpando al mayor de la Dipolcar, Jorge Caamaño, quien fue rápidamente trasladado a Santiago. Venegas apeló a una sanción y afirmó que el proceso estaba completamente viciado. En su defensa señaló que el asesor jurídico Jaime Portales Yefi, quien actuaba como revisor de la pieza administrativa, mantenía una estrecha amistad familiar con Caamaño.

El oficial también denunció que luego de concurrir personalmente a tomar declaración a Caamaño en compañía del mayor Luis Jerez Pino, Portales expresó, en tono casi amenazante, que tanto él como su acompañante tendrían responsabilidad disciplinaria por la forma en que se investigaban los hechos. Para corroborar su versión, Venegas pidió que se consultara al mayor Jerez Pino si en los momentos en que se tomó declaración al mayor Caamaño, «éste se negaba a señalar al Asesor Jurídico como su amigo, con el propósito de que éste no quedara inhábil para revisar la investigación».

El mando eliminó la sanción contra Venegas, pero la supuesta protección prestada por Portales a Caamaño nunca fue investigada.

Cerca de la misma fecha el mayor Andrés Ovalle, a cargo de la investigación del caso Matute por parte de Carabineros, indicaba en un informe que tanto Portales como Caamaño habían estado presentes en el estacionamiento de La Cucaracha cuando desapareció Jorge Matute Johns. Eso no impidió que el día 28 de diciembre de 1999, ambos tomaran conocimiento inmediato de la investigación en curso.

«Portales era el asesor jurídico y Caamaño (de la Dipolcar) veía la parte de los allanamientos, él trabajaba independiente, era como una investigación aparte, no nos comunicaba lo que estaba haciendo… ellos asesoraban, pero no supimos nunca lo que hacían, si me preguntan hay varias cosas que no me explico por qué sucedían, (Caamaño) nunca entregó un informe de inteligencia», declaró el teniente Guzmán Pons al comisario Arenas respecto a la participación que los funcionarios tuvieron en el caso Matute.

Pese a tener esta información, en el Informe Policial Nº 117 de la PDI, de fecha 14 de noviembre de 2003, Héctor Arenas omitió reproducir al magistrado Juan Rubilar las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares de Portales y Caamaño, registradas en días siguientes a la desaparición de Matute. El detalle no fue proporcionado puesto que las llamadas se debieron «a motivos de índole profesional», según argumentó el comisario de la PDI.

La insospechada red de Mañungo

«La Susana lo que decía era que Caamaño era el nexo para entregar drogas a autoridades administrativas de la región y Santiago», declaró el teniente Guzmán al comisario Arenas en 2001. «Me nombró al ministro Insunza (sic), Martín Zilic y el diputado Haroldo Fossa«.

La vinculación de políticos, registrada en un video capturado por el OS7, nunca fue investigada en el sumario administrativo que hoy se encuentra desaparecido. El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien actualmente trabaja para el Ministerio del Interior, defendió a Jorge Caamaño acusando de «mitómana» a la testigo. Uno de los contra-argumentos presentados ante el magistrado del caso «Cartel del Carbón» era que Susana Ramírez mentía, ya que en el mismo testimonio comentó la supuesta existencia de instalaciones secretas de Paul Schäfer en la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, en el proceso logró demostrarse que Mañungo sí había tenido, por lo menos, un pequeño acercamiento con la Colonia Dignidad: entre los 18 vehículos de los que era propietario, uno de ellos lo había comprado directamente a Schäfer.

Otra de las informaciones que emanan del expediente judicial dice relación con lo aportado por una ex amante de Mañungo que también fue detenida. La mujer sostuvo que el empresario de cabarets había comenzado a «traficar droga yendo a Santiago con el Michel, que es hijo de un Carabinero, y por boca de él mismo se enteró que transportaba la droga en camiones del Diario El Sur y antes de llegar a Chaimávida la sacaba, la colocaba en un imán y así la traía a la zona».

Pese a que en 2011 la magistrado Margarita Sanhueza Núñez dejó en libertad a todos los imputados en el denominado Cartel de Coronel, la existencia de un burrero llamado «Michel» sí figura en la investigación realizada por el OS7 de Carabineros. Parte de la carpeta de fotografías fue adosada al expediente sumarial cuyo extravío hoy indaga la institución. En ellas también se ve a Mañungo compartiendo con funcionarios de la Dipolcar de Santiago, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Lota y el presidente de la Cámara de Comercio de Coronel.

La investigación revisada por el asesor jurídico Jaime Portales Yefi desestimó el grueso de las imágenes, concluyendo que habían sido capturadas con ocasión de matrimonios o instancias privadas que no constituían delito. Paradojalmente, frente al total de los antecedentes recabados, Carabineros sí logró establecer que Mañungo había empleado algunos contactos internos para saltarse los controles del OS7 durante años.

Vea el informe fotográfico del OS7 de Carabineros