Encubridores de contrabando de armas de Pinochet no irán a la cárcel

Este viernes, la Corte Suprema dictó sentencia en la investigación por la muerte del coronel de la DINA, Gerardo Huber, cuyo cadáver fue oficialmente encontrado a fines de enero de 1992 en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

El dictamen sentenció a 5 años y 4 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada, respectivamente, al general retirado Víctor Lizarrága Arias y al Brigadier Manuel Provis Carrasco, ambos condenados como autores del homicidio calificado de Huber.

A su vez, la Corte desestimó los cargos por asociación ilícita en contra de los dos ya mencionados, junto a Carlos Krumm Rojas y Julio Muñoz Bustamante.

Historia del encubrimiento

A finales de noviembre de 1991, en plena transición a la democracia, un avión con dos containers de armamento fue encontrado en un terminal aéreo de Hungría, caratulado como “ayuda humanitaria”. El cargamento de once toneladas se encontraba destinado a Croacia y procedía de Chile, específicamente, de FAMAE (Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile).

Según se reveló en la investigación, el francés Ives Marziale había cerrado un trato secreto con el Ejército para adquirir el arsenal, incluyendo fusiles SIG SG 550, misiles Tierra-Aire Blowpipe, granadas, morteros y grandes cantidades de munición 7.62mm.

Cuando estalló el escándalo, el Brigadier Guillermo Letelier, en ese entonces director de FAMAE, fue obligado a renunciar. Según se informó en los diarios de la época, Gerardo Huber había sido el superior directo del funcionario civil Ramón Pérez, a quien se le solicitó tramitar el tráfico de armas.

En su declaración, tomada en enero de 1992, Huber aseguró haber recibido una orden verbal del entonces director de Logística del Ejército, general Carlos Krumm. De acuerdo a la abogada María Inés Horvitz, quien representó al Consejo de Defensa del Estado durante los 20 años que se extendió el proceso judicial por el tráfico de armas a Croacia, el contrabando habría sido ordenado directamente por el fallecido general Augusto Pinochet.

Algo estaba más que claro: Huber sabía demasiado. A finales de enero del mismo año, mientras paseaba con su familia en el Cajón del Maipo, el coronel desapareció. Diecinueve días después, su supuesto cadáver fue encontrado con el cráneo destrozado y el rostro irreconocible en un islote, en medio del río Maipo.

La primera versión entregada por el Ejército de Chile sostenía que Huber se había suicidado por una “depresión”, producto de las especulaciones que lo implicaban con el tráfico de armas a Croacia. La investigación logró determinar más tarde que la cabeza de Huber había sido impactada a distancia por un francotirador. El suicidio pasó a homicidio, pero las preguntas persistían.

La conexión drogas

Una parte de la historia que no se puede ignorar es que Gerardo Huber, a mediados de la década de los ochenta, había estado a cargo del Complejo Químico del Ejército ubicado en Talagante. Bajo su supervisión, el bioquímico de la DINA, Eugenio Berríos, se había dedicado a elaborar la llamada cocaína “negra”, que se distingue de la droga tradicional por carecer de un olor detectable.

En un informe despachado por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al ministro Claudio Pavez en 2006, el “Mamo” implica a Marco Antonio Pinochet y al empresario Edgardo Bathich Villarroel en esta red de narcotráfico. Según Contreras, la droga era enviada a Estados Unidos y Europa. Allí era distribuida por el contrabandista Monzer Al Kassar, pariente de Bathich y figura clave del escándalo Irán-Contras.

Al Kassar sería posteriormente detenido junto a Bathich en junio de 1992, en el Aeropuerto de Barajas de Madrid. Como publicó La Nación ese mismo año, Al Kassar registraba dos ingresos a Chile en medio de la crisis del tráfico de armas a Croacia y la desaparición del coronel Huber. ¿Qué hacía este conocido traficante en el país?

Los nombres de Huber, Al Kassar y Bathich volverían a aparecer en otra causa: el asesinato del periodista británico y colaborador del MI6, Jonathan Moyle, en la suite 1406 del Hotel Carrera durante la FIDAE de marzo de 1990. Según la Brigada de Homicidios de Investigaciones, la muerte de Moyle continúa siendo un suicidio producto de un extraño ritual autoerótico. A diferencia de las primeras pesquisas, el juez Alejandro Solís sí logró determinar la acción de terceros en el fallecimiento.

La noche antes de la muerte, según el libro “El misterioso asesinato de Jonathan Moyle” de Carlos Saldivia, algunos testigos aseguran haber visto al periodista en el barrio alto de Santiago entregando unas maletas a desconocidos. Fuentes del autor señalan que Moyle dejó las maletas a Edgardo Bathich. La información no pudo ser comprobada en el proceso, a pesar de que funcionarios del hotel aseguran que otro pasajero alojado en el Carrera solicitó un taxi para el británico cerca de las 3 de la madrugada.

Una nueva pista emergería en enero de 2006, llevando a que el ministro Pavez abriera una nueva línea de investigación, conectando el homicidio del coronel Gerardo Huber con la extraña muerte de Moyle. El vínculo dice relación con el testimonio del ex militar Rodrigo Peña González, quien habría sido contactado por Huber a inicios de los noventa.

Peña González dice que el coronel de la DINA le entregó al menos diez documentos firmados por el general Carlos Krumm, todos con timbre de “secreto”, que daban cuenta de la compra de armamento de Chile a Israel y el posterior envío a países árabes, a través del mencionado traficante Monzer Al Kassar.

Huber también habría querido entregar esta información al periodista Jonathan Moyle, quien investigaba el contrabando de armas desde Chile a Irak y el papel del empresario Carlos Cardoen. El contacto no pudo concretarse, ya que el reportero fue hallado muerto en su habitación de hotel.

Según Ivan Baramdyka, ex colaborador de la CIA y los Contras en Nicaragua, los aviones que transportaban armas desde Chile al extranjero también iban cargados con drogas. De hecho habría sido él mismo, contactado por un asistente de Álvaro Corbalán, quien ayudó a la dictadura a traficar toneladas de cocaína hacia el extranjero, en connivencia con el empresario Edgardo Bathich y su empresa Focus Chile Motores – cuyo abogado era nada menos que el hermano de Jovino Novoa, ex presidente de la UDI.

La muerte de Huber y Moyle comparten el mismo velo de misterio. El último dictamen de la Suprema sólo sirve para recordarnos de la impunidad que existe en Chile, asistiendo a una trama que lleva décadas en la oscuridad.