Compensación de 29 millones en Caso Bombas elude responsabilidad del Ministerio del Interior
Luego de que el 4 de octubre pasado los imputados en el Caso Bombas fueran sobreseidos, la Primera Sala de la Corte Suprema, el próximo lunes deberá confirmar los cerca de $ 29 millones que ordenó pagar a los abogados defensores el juez de garantía Fernando Valderrama para compensar los gastos generados a lo largo de la investigación.
En el sobreseimisnto en el caso en el que el Ministro del Interiro se hizo parte y cuyo titular, Rodrigo Hinzpeter, hizo profusa publicidad e incluso fue llamado a declarar, el juez señaló que “el Ministerio Público es el que debe ponderar la prueba; eso no fue efectuado. Será condenado en costas”, según informó el diario La Tercera.
Hace tres semanas, el magistrado fijó el monto de lo que se deba pagar a cinco abogados: Valentina Horvath, Rodrigo Román, Julio Cortés, Miguel Soto y Morris Farachi.
Según las resoluciones la fiscalía deberá pagar $ 6 millones a Soto por la defensa de Candelaria Cortez-Monroy, $ 6 millones a Horvath por representar a Pablo Morales, $ 5 millones a Farachi por la defensa de Solar, $ 6 millones en total a Román por representar a Andrea Urzúa, Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, y a $ 6 millones en total a Cortés por defender a Carlos Riveros, Felipe Guerra y Diego Morales.
Otro antecedente del caso es que, hasta el momento, el abogado del ex lautarista Rodolfo Retamales no ha solicitado al tribunal que se fijen las costas en su caso.
Por su parte, el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, dijo no estar de acuerdo con la decisión del juez, porque no resultaron “totalmente vencidos en el caso”, aseguró.
“El Ministerio Público no paga las costas, lo hace el Fisco. Nosotros entendemos que de acuerdo al sobreseimiento definitivo, que es por exclusión de pruebas, no nos encontramos en condición de ser condenados al pago de las costas, porque tuvimos un motivo para continuar con este procedimiento”.
El fiscal agregó que “tanto es así que con esa prueba eliminada se justificó por mucho tiempo mantener en prisión preventiva a los imputados.”
DÉBILES EVIDENCIAS
Desde sus inicios el Caso Bombas fue cuestionado por la prensa independiente, debido a lo que pareció un montaje muy bien armado. Sin embargo, para la opinión pública en general, el fiscal Alejandro Peña quien llevó el proceso en primera instancia merecía crédito por su actuación frente a las bandas de narcotráfico en Chile.
Pero un mal indicio fue la renuncia al caso del fiscal Peña, quien actualmente se desempaña en el Ministerio del Interior como diretor del Departamente de Estudios, fue reemplazado por el fiscal Francisco Rojas. Las débiles pruebas del caso ya en mayo de 2011 comenzaron a salir a la luz en el proceso. Evidencias que se repetían en informes y errores en nombres de testigos, hizo que la Fiscalía Sur retirara más de mil pruebas.
Entre los antecedentes desechados por los fiscales aparecieron una pistola de fogueo, bicicletas, extintores, muestras de TNT, un temporizador, dos cartas de uno de los sospechosos. Además, discos duros, pendrives, panfletos, escritos “anarquistas y antisistémicos” relacionados con Mauricio Morales, el joven que falleció luego que le estallara un artefacto explosivo que transportaba en las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería en 2009.
Otra evidencias descartadas fueron publicaciones anarquistas argentinas con los nombres de Retamales y Morales. Además, en el texto de la acusación de más de 610 páginas, se detectaron errores en la transcripción de los nombres de una veintena de testigos y la repetición de tres de ellos. Lo insólito es que no fue descartada como prueba un póster del vocalista de la banda Gun’s and Roses, Axl Rose.
CASO CONTINÚA
Sin embargo, pese a que los 14 imputados del caso fueron sobreseídos de los cargos por asociación ilícita, aún continúa el proceso judicial para esclarecer su responsabilidad en otras acusaciones.
Existe un proceso legal que se inició el pasado 28 de noviembre, cuyos imputados son Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe Guerra y Gustavo Fuentes Aliaga -acusados de colocación de artefactos explosivos- y de Carlos Riveros y Omar Hermosilla, acusados de ser financistas del grupo.
Durante la primera sesión, Francisco Solar fue el único de los testigos que optó por declarar, informó el periódico El Ciudadano: “En febrero del 2011, el ex fiscal a cargo, Alejandro Peña, por medio del abogado que yo tenía en ese entonces, me llega a hacer un ofrecimiento de que yo reconociera todos los cargos que se me estaban imputando –es decir, la existencia de asociación ilícita y la colocación de los 3 artefactos explosivos- y me dejaría en libertad. Yo no acepté porque no tengo relaciones con estos hechos y jamás he colocado una bomba”, expresó Solar.
Las aseveraciones de Solar, el sobreseeimiento en el caso y los 29 millones de peso que se están ordenando como compensación, dan para pensar que todavía falta establcer responsabilidades legales y políticas en el caso por parte de los acusadores.
Es el caso del ex fiscal Peña, quien es funcionario del Ministerio del Interior, y salió repentinamente del caso; y de la el titular de este ministerio, Rodrigo Hinzpeter, quien se hizo parte en la querella, tuvo que declarar en este proceso, y aemás tiene antecedentes erráticos debido al fracaso del procesamiento de Saif Kahn, en el denominado Caso Pakistaní.
