Capitán de Ejército le gana a Contraloría: Suprema acoge recurso para proteger a denunciantes de corrupción
En fallo histórico, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió este lunes un recurso de protección deducido en contra del jefe máximo de la Contraloría General de la República, Jorge Bermúdez, por un dictamen que impedía a los funcionarios de instituciones armadas optar a la protección que brinda la ley para aquellos servidores del Estado que denuncian actos reñidos con la probidad.
El recurrente es el capitán activo del Ejército Rafael Harvey Valdés, quien reclamó por una sanción de dos días de arresto impuesta en su contra por superiores no imparciales, indicó, sin considerarse lo establecido en el artículo 90 A de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo respecto a la imposibilidad de que un funcionario que acusa corrupción sea calificado por los mismos denunciados.
El caso se remonta a 2015, cuando Harvey presentó una denuncia por conductas «en perjuicio de inferiores» contra el coronel Marcelo Masalleras Viola, quien era comandante del Regimiento de Artillería N° 1 «Tacna», además del segundo comandante Héctor Lara Ibáñez y el mayor Rodrigo Maríquez Lerou, a cargo del Grupo de Artillería.
Harvey relató que pidió investigar «empleo de medios fiscales y humanos para beneficio personal», consumo de alcohol y «malos tratos al personal menos antiguo, mal uso de material de guerra e incumplimiento de deberes militares».
La posición de Contraloría era que la norma no debía aplicarse a empleados de las Fuerzas Armadas, lo que según el capitán de Ejército pasaba a llevar los principios de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción.
Al respecto, conociendo el caso, el máximo tribunal del país dictaminó hoy que a la luz de lo que establece el artículo 138 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que no deniega en forma explícita los derechos consagrados en la Ley 18.834, también debe aplicarse esta última al personal de las FFAA.
Por lo anterior, la Suprema resolvió que la Contraloría «incurrió en un acto ilegal en cuanto determinó la inaplicabilidad al actor, en su condición de Capitán de Ejército, de los derechos que le acuerda el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, prodigándole con ello un trato discriminatorio en relación con los demás destinatarios de dicha norma, vulnerando así la garantía que le acuerda el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República», es decir, la igualdad ante la ley.
«Que atento a lo antes razonado… se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Rafael Harvey Valdés en contra de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, se deja sin efecto el Dictamen N° 23,314-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018», puntualiza la sentencia rol 32.615-2018.
Por Matías Rojas
