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Denuncian imagen trucada de zanja de Kast: Diputados solicitan aclaración de Contraloría

Las diputadas Gael Yeomans y Consuelo Veloso, en conjunto con el diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, solicitaron oficiar a la contralora Dorothy Pérez para obtener un pronunciamiento que resuelva si es legal que autoridades públicas compartan imágenes falsas o manipuladas por redes sociales.

El requerimiento se origina tras la campaña comunicacional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast sobre el denominado Plan Escudo Fronterizo que buscó informar la construcción de zanjas en las franjas limítrofes del norte de Chile con fotos publicadas a través de las cuentas oficiales del gobierno, tanto en Instagram como en X.

«Cabe precisar que la existencia de dichas obras no está en duda por parte de estos parlamentarios: registros fotográficos independientes, de medios de comunicación y de prensa acreditada confirman que la zanja existe y que las faenas se encuentran en ejecución. El asunto que da origen a este oficio no es la veracidad de la obra, sino la representación visual exagerada con el Gobierno la difusión», señalan.

El documento alude a una publicación del medio Fast Check que realizó «un peritaje técnico comparando la imagen difundida en redes sociales por el Gobierno con la fotografía original disponible en el sitio oficial de la Presidencia de la República y con registros de medios de prensa independiente».

Como resultado del análisis, se logró establecer que la versión vertical de la imagen divulgada por los canales institucionales «no fue hallada en ningún banco de fotografías oficial ni en los registros de Presidencia», encontrando «patrones discordantes en la zona inferior… compatibles con el uso de técnicas de ‘relleno generativo’ o ‘ampliación generativa’, esto es, la extensión artificial de la imagen mediante inteligencia artificial para completar áreas que no existían en la fotografía original».

«El efecto visual producido por esta intervención es el de una zanja de mayor profundidad y magnitud que la representada en la fotografía original, generando en la audiencia una percepción de las obras significativamente distinta a la que corresponde a los hechos reales», puntualizan.

En relación al uso de IA que se advierte, los denunciantes plantearon que la duda «es cuándo y bajo qué condiciones puede (el Estado) hacerlo de manera ética y jurídicamente irreprochable en el contexto de sus comunicaciones institucionales, y qué obligaciones de declaración y transparencia le son exigibles al respecto».

De esta manera, se pide al organismo fiscalizador establecer si la difusión de imágenes manipuladas por servicios estatales, sin declaración ni advertencia previa, «infringe el principio de probidad administrativa y el deber de transparencia y veracidad que rige a la Administración del Estado», y que, de estimarlo procedente, disponga de una investigación «destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas».

El caso se suma al solicitud que Contraloría ya realizó al Ministerio Secretaría General de Gobierno para clarificar los fundamentos de la campaña informativa que apuntó a la supuesta existencia de un «Estado en quiebra», concepto que, al ser refutado por los propios ministros del gabinete de Kast, llevó a la eliminación del polémico video.

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