En Chile:

El inédito conflicto judicial entre la ANI y el Consejo para la Transparencia

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para mantener en reserva antecedentes vinculados al tratamiento de información de ciudadanos chilenos y extranjeros.

El caso partió cuando un requirente de nombre Tomás Muñoz Campos envió un extenso cuestionario a la ANI para saber cuántas bases de datos personales detenta el organismo, su denominación, la facultad legal que las ampara, el listado de servicios públicos y privados que comparten el sistema, su soporte y medidas de ciberseguridad.

La agencia aplicó secreto respecto a todo lo solicitado, respuesta que motivó un amparo por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia (CPLT). El 12 de junio, la entidad que acogió la presentación de forma parcial, ordenando se indique “si el tratamiento de información personal almacenada es realizado por la ANI o por un tercero”.

Días más tarde, el CDE actuó en defensa de la ANI presentando un reclamo de ilegalidad contra la decisión (rol 271-2018), porque a su juicio infringe la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, el cumplimiento de las funciones del organismo, los derechos de las personas y el interés nacional.

El 24 de julio, el Consejo para la Transparencia contestó que su fallo se ajustó “a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública”, recordando que algunos argumentos de la ANI habían sido acogidos, por lo que solo una fracción de la solicitud, que era mucho más amplia, estaba considerada en la entrega.

En concreto, indicó, se dejaron fuera los nombres de las bases de datos, las copias de convenios con privados que tratan la información, los protocolos de ciberseguridad de la ANI, su soporte, algoritmos, entre otros.

Con los documentos a la vista corresponde que en breve plazo el tribunal de alzada resuelva la controversia.