El noveno PDI del «caso torturas» que podría complicar el futuro del fiscal Raúl Guzmán
La semana pasada, en conversación con El Mostrador, el ex fiscal Víctor Venegas denunció que el persecutor jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y candidato al puesto de Fiscal Nacional junto a 10 postulantes más, Raúl Guzmán, favoreció a un detective formalizado por torturas a tres detenidos de la Brigada de Investigación Criminal de San Ramón entre 2012 y 2013.
Según Venegas, el investigador “estrella” de los bombazos habría ordenado dilatar la resolución del caso rebajando medidas cautelares a algunos acusados, los que en total ascendían a ocho funcionarios de la PDI.
La acusación movilizó rápidamente al fiscal nacional Sabas Chahuán para instruir una investigación en contra de Guzmán, el principal contrincante que deberá enfrentar su candidato predilecto a ser el nuevo mandamás del Ministerio Público, Jorge Abbott.
Mientras algunos observan con mesura el destino de esta posible pugna de poder – ciertas voces hablan de una “operación de Chahuán” para allanar el camino a su mano derecha en la Fiscalía –, otros dicen que el escenario se complica para Guzmán si se toma en cuenta la arbitrariedad con la que habría pretendido dejar fuera del caso de apremios ilegítimos de San Ramón al detective que denunció los hechos, pese a que tenía participación en los mismos.
El artículo 150 A del Código Penal es claro. Castiga al empleado público que “aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicación”, estableciendo a continuación las mismas penas a quien, conociendo la ocurrencia de dichas conductas, “no las impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello”.
Fuentes de El Ciudadano indican que el funcionario denunciante de los hechos conocidos por el fiscal Raúl Guzmán en 2013, y que motivan ahora las quejas del ex persecutor Venegas, se encontraba justamente en la situación descrita en el segundo inciso de la ley.
Esto porque dicho oficial profesional de la PDI, que ejercía el grado de subcomisario, estuvo presente cuando se produjeron las torturas en contra de los detenidos de San Ramón y sólo informó de aquello al Departamento Quinto de Investigaciones – la repartición encargada de “fiscalizar” a los policías – más de un año después de presenciar los hechos, sin tomar acciones inmediatas para detener los delitos en su calidad de superior directo de los torturadores.
El subcomisario – agregan – llegó al extremo de guardar consigo una filmación de los apremios durante más de cinco meses, la que registró con su celular en el cuartel.
Aun con todo lo anterior, el fiscal Guzmán optó por no formalizar ni perseguir las responsabilidades de este detective.
Se le trasladó de la Bicrim San Ramón a la Región Metropolitana, donde fue recibido por el prefecto de la época, Luis Sandoval Monteiro – quien más tarde abandonó su cargo por un escándalo de narcotráfico que involucraba a detectives de la Brigada Móvil, justo cuando empezaba a investigar el caso del atentado en el Subcentro sustanciado por el fiscal Guzmán – y en la actualidad sigue en servicio activo.
Cabe agregar que el nuevo director de la PDI, Héctor Espinosa, mantiene a Sandoval como asesor “recontratado”, ignorando el fallo de un tribunal del trabajo que lo acusó de vulnerar los derechos laborales de un subalterno.
