Gobierno se querella por tráfico de migrantes en caso que salpica a ex senador Zaldívar
El Ministerio del Interior presentó una querella contra del ex diplomático Diego Rivera, quien habría intercedido para beneficiar al empresario curicano Álvaro Jofré en el ingreso ilegal de 32 ciudadanos chinos al país.
Según la Unidad de Investigación de Radio Biobío, en la causa no se descarta la participación del ex mandamás del Senado -e histórico dirigente de la Democracia Cristiana-, Andrés Zaldívar, a quien Jofré se jactó de haber pagado sumas de dinero a cambio de ayuda.
«Yo tengo que ir a conversar con Zaldívar ahora, que no me venga con weás… (sic), porque yo ya le pagué toda la chuchá y no ha cumplido», señala Jofré a Jing Wang, tercera querellada en el presunto grupo criminal, de acuerdo a uno de los registros de escucha telefónica obtenidos por la Fiscalía.
Según el medio, ya estaría acreditado por la propia admisión de Cancillería que el ex senador del Maule realizó gestiones en favor de Jofré ante el director de Asuntos Consulares de Inmigración (Digecon), Carlos Applegreen, «para conocer por qué habían sido rechazadas 23 visas de otros inmigrantes chinos que pretendían viajar a Chile».
De ahí que se sospeche un eventual cohecho y posibles «aportes a su última campaña». Zaldívar ha respondido a la información que originalmente publicó La Tercera sobre el caso interponiendo su propia querella por filtraciones en la investigación, con el patrocinio del abogado Jorge Bofill.
Pese a que el caso está judicializado, su tramitación continúa en reserva en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La causa es investigada por el fiscal Marcelo Carrasco.
DETALLES DE LA ACUSACIÓN
El libelo de Interior relata que los imputados, «desde el segundo semestre del mes de mayo de 2014, comenzaron a promover y facilitar la migración de ciudadanos chinos al territorio nacional… bajo la fachada de que las personas objetos del tráfico eran turistas, invitados por la empresa del imputado Álvaro Jofré de nombre Chile China Connection».
«Esta facilitación y promoción en el ingreso a Chile se realizaba con ánimo de lucro por parte de los imputados, debido a que les cobraban una suma variable pero cercana a los US$7.000 u $8.000 por cada persona», indica.
Después de lograr el ingreso de varias víctimas, «previa elaboración de cartas y certificados falsos que gestionaron ante el Consulado Chileno en Shanghai», los involucrados tuvieron problemas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó las visas de otros 22 ciudadanos, «atendido a que (la documentación) debía ser tramitada por el portal web», en julio de 2017.
«Como los imputados desconocían esta nueva forma de tramitación, buscaron apoyo en Diego Rivera López, quien se encontraba trabajando en la Sección de Seguridad Internacional y Humana del Minrel. Con la ayuda de Rivera, quien esperaba ser retribuido por Jofré… los imputados subieron a la plataforma de Cancillería las solicitudes de visa», continúa.
Dichas visas tuvieron un tratamiento distinto, ya que al ser subidas al sistema, «eran necesariamente consultadas a nivel central», lo que finalmente permitió descubrir la falsedad de los papeles.
