En Chile:

Nuevos WhatsApp del caso Huracán ponen a prueba a fiscales de La Araucanía

Incómodas conversaciones entre miembros de la Fiscalía relucen a partir de la evidencia forense extraída desde el celular del ex fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, en la investigación que se sigue por eventual montaje en la denominada Operación Huracán.

El domingo, El Mercurio citó partes del expediente que indaga la supuesta implantación de pruebas contra ocho comuneros mapuche y posibles delitos de obstrucción y falsificación cometidos por oficiales de Carabineros al mando del ex general de Inteligencia, Gonzalo Blu, quien volvió a caer en prisión preventiva la semana pasada.

Como indica el matutino, Arroyo fue el persecutor que estuvo a cargo de Huracán y pidió la detención de los dirigentes en septiembre de 2017, entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul, con las herramientas que son atribuidas al asesor de inteligencia Alex Smith, aunque posteriormente se le involucró en una supuesta filtración de antecedentes que -se demostró- era falsa.

Justamente en esa arista, el fiscal entregó copia de conversaciones de WhatsApp que ahora, divulgadas por completo a las partes bajo autorización del tribunal de Garantía de Temuco, «dan cuenta de contactos y supuestas reuniones entre oficiales de Carabineros con el fiscal de Rancagua Sergio Moya; una petición de consulta de antecedentes que habría solicitado un pariente a Arroyo mientras era fiscal, entre otras cosas», afirma el diario.

Lo último podría complicar a Arroyo tomando en cuenta que lo mismo se está imputando por parte del investigador jefe de Rancagua, Sergio Moya, a su superior regional, Emiliano Arias, acusación que surgió en el contexto de la indagatoria por corrupción al interior del Poder Judicial de Rancagua y cuando el propio Moya estaba siendo -y aún lo es- sumariado por reunirse con el general Blu y otros uniformados.

«Ahí hay un chat grupal en que según los registros participan los contactos Luis Arroyo, Carlos Carvajal, Felipe Mardones, Diego Bizama, Alberto Chifelle (fiscal jefe de Temuco) y Cristián Paredes (fiscal regional de Temuco). En los mensajes hablaban sobre las críticas que se hacían a sus investigaciones sobre violencia rural, fallos relacionados a sus casos y situaciones internas», detalla.

En la interacción, que registra el período posterior a la redada contra los comuneros, el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema que ordenó su libertad y la absolución de los imputados del caso Luchsinger, quedaría en evidencia el veto que hicieron los abogados al juez José Ignacio Rau en el marco de un conversatorio que iba a llevarse a cabo en la Universidad Católica de Temuco, titulado «La Ley Antiterrorista y su aplicación en nuestra realidad regional».

«En el grupo de WhatsApp de Arroyo, el fiscal Alberto Chifelle postea el 12 de noviembre el afiche de la actividad a lo que posteriormente el fiscal regional Paredes responde ‘La prudencia no está en el catálogo de virtudes de Rau. Ni el buen gusto’. Luego las conversaciones continúan y el 14 de noviembre Alberto Chifelle replica: ‘Así es yo creo querían con la invitación legitimar la falta de prudencia. No sería extraño que mañana se contacten onda nosotros'», revelan los diálogos.

La nota agrega que seis minutos «después Paredes indica: ‘Ayer le mandé recado con el ministro de la Suprema. Con buenas palabras todos entienden‘. Arroyo responde ‘Excelente‘ y Paredes señala ‘y el dichoso seminario suspendido hasta nuevo aviso. Fue fecunda la reunión‘. Finalmente Chifelle responde: ‘Seminario suspendido hasta nuevo aviso, acaba de informar el PJUD‘.