Más informantes de la ANI en la UTEM: una ex Seremi de Bachelet y dos militantes del PS
Tres nombres entregados hoy por El Dínamo se suman al listado de académicos y alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) que se encuentran vinculados a las actividades de espionaje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con base en calle Tenderini #115, centro de Santiago.
Se trata de Pablo Rosales Navarro, profesor y militante del Partido Socialista que “trabajó en la Agencia durante el gobierno de Michelle Bachelet”; Analía Carvajal Olmos, también profesora y antigua Seremi de la Región de O’Higgins, y Oscar Cariceo Rivera, ex estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM vinculado a la Juventud Socialista.
“A 40 años del golpe de Estado que inició una larga dictadura de 17 años, la sospecha sobre las actividades de los aparatos de inteligencia estatal se mantienen”, publicó El Dínamo este jueves. “El sigilo con el que actúa la Agencia no colabora a disipar las dudas. Si bien se entiende que la naturaleza de su labor requiere cierto nivel de secreto, ¿cómo se relaciona el servicio de inteligencia del Gobierno con los movimientos sociales?”
Según reportamos hace dos semanas, a raíz de informaciones publicadas en exclusiva por El Dínamo, el escándalo estalló el segundo semestre de 2012 cuando un informe reservado de Contraloría alertó que Alejandro Hernández Suárez, profesor de Trabajo Social de la UTEM, había sido contratado simultáneamente como informante de la ANI.
Durante su paso por el plantel, Hernández Suárez trabajó junto a Nicolás Soriano Mora (alias “el Iguana”), quien de acuerdo a un informe filtrado elaborado por el teniente de Carabineros, Carlos Espinoza Garín, recibía dinero de la Agencia para ejercer diversas labores – una de ellas, el viajar a la Araucanía para involucrarse en actividades de “violencia política”.
El Iguana ha sido acusado, además, de estar ligado a actividades anárquicas violentas, como también de relacionarse con Gustavo Fuentes Aliaga (alias “El Grillo”), sindicado como el principal responsable de las imputaciones falsas que iniciaron el denominado caso bombas.
Al respecto, el sociólogo Gustavo Césped escribe que, desde 2011, “dirigentes estudiantiles vienen denunciando la existencia de ‘infiltrados’ en las manifestaciones que, disfrazados de encapuchados, han jugado un rol protagónico en la destrucción de la propiedad pública y privada, así como también fotografiando e identificando a los líderes de las movilizaciones”.
“¿Será el caso de este ‘profesor’ (Alejandro Hernández) la punta del iceberg respecto a que también la propia academia ha sido impregnada por sujetos que, utilizando otro tipo de capuchas (en este caso la de un profesor “menos amarillo” y cercano a los alumnos) persiguen fines similares?”, pregunta Césped en una columna escrita para El Quinto Poder.
El perfil de los»sapos»
Quizás el caso más interesante entre los nuevos antecedentes aportados por El Dínamo dice relación con la PPD Analía Carvajal, quien se desempeñó en un organismo de inteligencia anterior a la ANI creado por el ex presidente Patricio Aylwin: la Dirección de Seguridad Pública de Informaciones (DISPI), más conocida como “La Oficina”.
Este vínculo quedó al descubierto cuando Carvajal ejercía funciones en la Secretaría Regional de Planificación de la Intendencia de Valparaíso.
“En la tarde del lunes ‘se destapó la olla’ y surgió el cuestionamiento: ¿qué hace una oficina de ‘inteligencia’ en la Intendencia de la V Región?”, publicó un ejemplar de El Mercurio de Valparaíso el 11 de diciembre de 2002. “El director de este despacho, Gustavo Villalobos, admite que en Valparaíso opera este servicio – también en Concepción – como ‘hechos aislados”.
El entonces intendente Marco Antonio Núñez, citado por La Estrella de Valparaíso, salió en defensa de Carvajal, explicando que era “normal y necesario que el Ministerio del Interior y la DISPI reciba análisis de la situación económica y social de nuestra región”.
Pese a que la académica de la UTEM fue acusada por apropiación indebida de fondos públicos (más de 3 millones de pesos) cuando era directora de un centro abierto de la Fundación Paula Jaraquemada, dependiente económicamente del Sename – producto de lo cual fue expulsada del mismo – la profesional logró convertirse años después en Seremi de Gobierno de la Región de O’Higgins durante la administración de Michelle Bachelet.
Cuando abandonó su cargo de Seremi, Carvajal estaba siendo sometida una investigación sumaria de la Contraloría Regional por el mal uso de un vehículo fiscal.
En cuanto al profesor de la UTEM, Pablo Rosales, la página oficial de la Armada de Chile lo describe como Jefe del Departamento de Análisis Sectorial de la ANI.
A finales de 2009, Rosales visitó la Academia de Guerra Naval para exponer a “alumnos del Curso de Estado Mayor, profesores, invitados especiales y oficiales de Planta, sobre la ‘Situación Actual del Conflicto Mapuche’ y la compleja situación que involucra a las personas originarias de esta etnia, así como a quienes residen en las zonas geográficas involucradas y a los diversos actores a nivel nacional que deben intervenir en el tema”.
“Para finalizar realizó una descripción de la situación actual en la zona, colocando especial énfasis en la identificación de los actores que intervienen en él, los vínculos internacionales existentes y el accionar de distintos grupos violentistas”, indica el sitio web de la Armada.
