En Chile:

Golpeó a jueza y ahora es jefe de la Comisión Médica de la PDI

Un violento hecho registra en sede judicial quien fuera nombrado por el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa, como jefe del Departamento Contralor de Medicina que evalúa permanentemente la salud de los funcionarios y, en consecuencia, los beneficios previsionales que la PDI otorga por enfermedades causadas en actos de servicio.

Según documentos obtenidos por Verdad Ahora, el médico cirujano Mohamed Danilla Herrera, ex director de la Clínica Iquique, protagonizó en agosto de 2014 un altercado que dejó con heridas físicas a la abogada Priscila Sepúlveda Urra, máxima autoridad del Juzgado de Policía Local de Pica.

De acuerdo al relato entregado por el Ministerio Público en la causa RUC , la noche del día 4, en la intersección de calles Anken Nielsen y Pedro Gamboni de la ciudad de Iquique, Danilla agredió a la jurista “con golpes de puño en su cabeza” debido a que “la víctima no habría querido subir a su automóvil”.

La Fiscalía añade que el hoy subprefecto de Sanidad de la PDI “le tiró su cabello, botándola al suelo”.

El Registro de Urgencia del Hospital Regional de Iquique N° 3255474 constata que la jueza resultó con diversas lesiones de carácter leve: una contusión occipital, una contusión en el hombro izquierdo, una contusión en el glúteo izquierdo y esquimosis en la mano izquierda.

El 7 de agosto de 2014 el Juzgado de Garantía de Iquique aprobó un requerimiento monitorio contra Danilla, condenándolo a pagar una multa de 1 UTM.

ACTUAR BAJO LA LUPA

Otros hechos cuestionables aparecen reflejados en la hoja de vida del oficial, quien mantiene una cuenta escrita por el fallecimiento de un paciente a su cargo el 21 de marzo de 2011, hecho que fue denunciado en el diario El Nortino.

En agosto de 2012, otra paciente, Fabiola Salinas, presentó una querella contra Danilla. “En concreto, claramente ha existido una impericia, un descuido en el actuar médico del Dr. Danilla, el que al practicar la intervención quirúrgica de safenectomía, negligentemente corta o daña gravemente los ligamentos nerviosos que permiten la movilidad de la pierna”, explicó la afectada.

Aunque en dicho caso la Fiscalía sobreseyó al acusado por estimar que los hechos no constituían delito, la praxis del médico ha vuelto a ser objeto de críticas al interior de la misma PDI.

Luego que a fines de 2017 el abogado Marcos Herrera Chirino interpusiera una querella en su contra por anomalías en el otorgamiento de beneficios de salud a un detective, otros funcionarios de Investigaciones comenzaron a alegar hechos similares: presuntos despojos arbitrarios de invalidez grado dos.

En junio de este año, a través de un recurso de protección, el comisario de la BIRO de Valdivia Gonzalo Sepúlveda denunció que la PDI lo había mandado a trabajar con una lesión de carácter invalidante y que múltiples solicitudes para acceder a su ficha clínica habían desatado una persecución de Mohamed Danilla, quien redujo sus licencias.

En el proceso que hoy es visto por la Corte Suprema Sepúlveda cita un correo electrónico enviado por el traumatólogo Samuel Alfaro Jury  -a favor de mantener la invalidez de segunda categoría- que apuntaría a un clima de intimidación dentro de la propia Comisión Médica institucional. “Por su culpa me van a sacar (de la Comisión)… cuidado con lo que habla con sus colegas, donde se pasea, etc”, habría escrito.

ACTAS FANTASMA

El 26 de junio, el Consejo para la Transparencia (CPLT) visitó la Jefatura de Sanidad de la PDI con el objeto de verificar si ésta había mentido al abogado Marcos Herrera en un oficio que negó documentos de la Comisión Médica, específicamente actas que hubieren sido levantadas por el órgano para fundamentar lo adoptado en relación con su cliente.

“No se levantan actas en las que consten las opiniones de cada uno de los médicos, no existe un secretario que tome nota de las opiniones de los integrantes de esa comisión, puesto que la decisión de esa entidad se adopta en forma unánime”, había escrito en una carta el prefecto de la Jefatura Jurídica, Luis Silva Barrera.

Las palabras fueron desmentidas por el CPLT al constatar in situ, advirtiendo una clara irregularidad, “la existencia del acta N° 22 de fecha 13.7.2017, folio N° 161 con el número 17”, relativa al funcionario afectado por la resolución del doctor Mohamed Danilla, quien, al igual que en el caso ya referido, lo obligó a asistir al trabajo con muletas.

Según lo establecido en los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, arriesgaba un sumario administrativo y multas si es que persistía en ocultar la información.