Desaparecen evidencias en la PDI: Hijo de policía muerto en 1970 acusa al ex director Nelson Mery

El Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones está indagando la extraña desaparición de cinco fotografías capturadas al interior del departamento donde falleció, en julio de 1970, el ex subinspector Luis Emilio Colombo.

La denuncia fue estampada hace un mes en el Cuartel General de la PDI por el hijo del difunto funcionario, quien tras analizar la declaración del primer policía que llegó al sitio del suceso está convencido de que su padre, un respetado miembro de la policía, fue asesinado por terceros de un disparo a la cabeza, y que la institución a la que dedicó su vida está ocultando la verdad, al catalogar el hecho como un suicidio.

A finales de marzo, luego que este medio recurriera a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, Milton Colombo pudo recibir en sus manos una copia del Sumario Administrativo instruido en el año 1970 por la policía civil, logrando constatar que un total de cinco fotos del “Cuadro Gráfico Demostrativo” se encontraban ausentes.

En conversación con Verdad Ahora, Colombo hijo se mostró decepcionado, asegurando que la extraña desaparición de evidencias ya había sido notificada en 1999 al entonces director general de la PDI, Nelson Mery Figueroa, sin que éste interviniera para investigar la maliciosa sustracción de las imágenes.

Y es que poco antes del cambio de milenio, la familia del difunto policía había tocado las puertas de la PDI con nuevos antecedentes para reabrir la investigación: testimonios inéditos de policías que aseguraban que esa noche de julio se había realizado una fiesta a la que asistieron importantes miembros de la institución. La solicitud de reapertura llegó hasta Mery, quien ordenó agotar las diligencias al comisario Daniel Candia Ortiz. Pero la conclusión fue la misma y el caso volvió a cerrarse.

En dicha ocasión, asegura Milton Colombo, el director general de la institución prefirió hacer la vista gorda. También dice que ignoró la declaración del detective Nelson Lillo Merodio, el primero en llegar al departamento. Lillo confirmó a Candia la existencia de abundante sangre a una distancia considerable del lugar donde se encontró el cadáver, lo que haría presumir que éste fue movido por terceras personas.

“En un recorrido por las dependencias del departamento, distinguí en el lavamanos del baño abundante cantidad de sangre y a mi parecer había salpicaduras sanguíneas en el espejo, por lo cual supuse que se había disparado en el baño y había caminado algunos metros antes de caer desvanecido”, declaró Nelson Lillo en la segunda investigación de 1999. “Hago presente que recién ahora me impongo que la herida de bala tenía salida de proyectil, lo que agravaría la circunstancia del disparo y obviamente demostraría que él cayó donde se produjo el disparo mortal, por lo cual no logro interpretar lo observado en el baño”.

Coincidentemente, el baño no aparece retratado en ninguna de las fotografías entregadas por la PDI, lo que hace suponer que la evidencia robada corresponde a la escena descrita por Lillo y, en efecto, a un valioso detalle que podría echar por tierra la tesis del suicidio.

Las interrogantes que se plantea actualmente la familia son múltiples. ¿A quién protege la PDI? ¿Sabían algo sus ex compañeros Sergio Oviedo Torres y Quintín Romero Morán, u otros colegas de “la pesca”, respecto al incidente que llevó a su fatal deceso? ¿Existe un pacto de silencio entre los policías?

La Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados confirmó, en tanto, que oficiará al actual director de la policía civil, Marcos Vásquez Meza, a fin de solicitar antecedentes sobre este caso, mientras que paralelamente, en el Consejo para la Transparencia, se tramita un amparo por denegación de acceso a la información pública en consideración de que la PDI no entregó la totalidad del Sumario Administrativo de 1970 que le fue solicitado, sin explicar qué pasó con las vitales fotografías del sitio del suceso.

De acogerse el amparo y comprobarse la vulneración de la normativa, las sanciones previstas por la Ley 20.285 comprenden una multa de 20% a 50% de la remuneración del jefe del servicio, en este caso del prefecto general Marcos Vásquez, o la suspensión de su cargo por un lapso de cinco días.